De la redacción
El Buen Tono
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) volverá a tener presencia en Bolivia con una oficina en La Paz enfocada en el intercambio de inteligencia criminal, casi 18 años después de haber sido expulsada del país sudamericano.
El anuncio fue realizado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, quien aclaró que los agentes estadounidenses no participarán en operativos antidrogas ni estarán desplegados en regiones consideradas sensibles, como el Chapare.
La información fue dada a conocer desde Washington, donde Justiniano sostuvo reuniones con representantes de la DEA junto con el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Frans Cabrera.
“No hay operativos conjuntos con otros agregados policiales o con otras instancias. Y con la DEA no va a ser la excepción”, afirmó el funcionario boliviano.
Según explicó, la cooperación con Estados Unidos estará centrada principalmente en inteligencia, intercambio de información y fortalecimiento institucional. Además, rechazó versiones sobre una supuesta presencia física de agentes de la DEA en el Chapare, región conocida por ser bastión de productores de hoja de coca y zona señalada por actividades del crimen organizado.
Justiniano indicó que únicamente llegarán dos representantes de la DEA, quienes trabajarán desde una oficina en La Paz para colaborar en temas de inteligencia criminal.
El gobierno de Bolivia también destacó que actualmente mantiene coordinación con agencias de seguridad y agregados policiales de países como Brasil, Paraguay, Argentina y España, entre otros.
El retorno de la DEA ocurre durante la administración del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace seis meses. La agencia estadounidense había sido expulsada en 2008 por el entonces presidente Evo Morales, quien acusó a sus representantes y al exembajador Philip Goldberg de supuesta conspiración.
Durante la visita oficial a Washington, las autoridades bolivianas también abordaron el caso del uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo en Santa Cruz y posteriormente entregado a Estados Unidos. Marset enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero vinculado al crimen organizado y podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión en territorio estadounidense.
