Adriana Estrada
El Buen Tono
ORIZABA.- Tras más de dos años de labor comunitaria para restaurar y preservar manualmente la laguna, la Comunidad Chirimoyo enfrentó una respuesta institucional hostil el pasado 2 de marzo. En lugar de recibir reconocimiento, el ayuntamiento desplegó un operativo con 60 elementos policiales y maquinaria pesada, lo que derivó en la detención arbitraria de una defensora ambiental. Este conflicto pone en riesgo no solo un espacio de memoria histórica local, sino la supervivencia de especies protegidas por la legislación federal.
El despliegue policial, que incluyó 15 patrullas, cercó el perímetro para facilitar el ingreso de las máquinas, ignorando acuerdos que garantizaban la participación vecinal en cualquier intervención. Según documentaron activistas mediante fotografías, las acciones provocaron la muerte de fauna silvestre en el cuerpo de agua. Estas evidencias capturaron la indignación de una comunidad que observó cómo se destruía el ecosistema que habían protegido tanto.
Durante el operativo, la tensión escaló con el arresto injustificado de una vecina, situación que las autoridades tuvieron que reconocer posteriormente como un error. Para los habitantes del sector, esta detención evidenció una estrategia de represión por parte de la administración local, que prioriza la ejecución de obras por encima del diálogo ciudadano y el respeto a derechos humanos de los defensores.
La importancia biológica del sitio contradice la postura oficial que intenta minimizarlo. Vicente Vera, vecino y defensor del humedal, destaca que habitan cinco especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, tales como zambullidor menor, ave toro norteño, culebra acuática, rana leopardo y tlaconete. En total, el registro de biodiversidad del área asciende a 178 especies de aves, además de ocho tipos de anfibios y reptiles que dependen de este ecosistema.
Pese a esta riqueza natural y a los testimonios de familias que han disfrutado del humedal más de 50 años, el ayuntamiento insiste en catalogar el espacio como un “vaso regulador artificial”. Esta definición técnica busca justificar el avance de la maquinaria que arrasa con nidos y madrigueras mientras las garzas intentan huir desorientadas ante la remoción forzada del terreno y la vegetación nativa.
El colectivo denunció el bloqueo del arroyo que abastece al humedal, acción que podría constituir un delito federal bajo la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, señalaron directamente a Aldo Israel Peña Huerta, coordinador de biólogos municipal, por irregularidades en el manejo de la fauna. Se le acusa de extraer especímenes sin contar con los permisos correspondientes de la Semarnat, agravando la crisis jurídica y ambiental en El Chirimoyo.
