De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La actuación del juez de Primera Instancia de Procedimiento Oral, Germán Jiménez Oseguera, fue nuevamente cuestionada por integrantes de la Colectiva Violencia Vicaria Orizaba, quienes se manifestaron públicamente para denunciar que diversas resoluciones judiciales han afectado el interés superior de la niñez y dejado en situación de vulnerabilidad a menores involucrados en procesos de violencia familiar y vicaria.
Durante el pronunciamiento, María de Jesús Flores Wong señaló que las decisiones emitidas por el juzgador han generado preocupación entre madres víctimas de violencia vicaria, al considerar que algunas determinaciones favorecen a agresores y no garantizan la protección integral de niñas y niños.
La denunciante acusó que uno de los casos más preocupantes ocurrió cuando, según su versión, el juez no decretó la prisión preventiva oficiosa contra un agresor, situación que habría dejado desprotegido al menor involucrado y provocado incertidumbre entre las víctimas sobre la actuación de las autoridades judiciales.
Las manifestantes sostuvieron que este tipo de resoluciones reflejan un patrón que, desde su perspectiva, termina beneficiando a personas señaladas por ejercer violencia, mientras las madres y sus hijos continúan enfrentando procesos largos y desgastantes sin recibir las medidas de protección que establece la legislación vigente.
Por ello, exigieron que el desempeño del juez sea revisado por las instancias competentes y que se investiguen las decisiones que consideran contrarias al interés superior de la niñez. Flores Wong afirmó que, pese a presentar denuncias, pruebas y diversos elementos ante las autoridades, la respuesta institucional ha sido insuficiente, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de los menores involucrados en estos procedimientos.
Las integrantes de la colectiva advirtieron además que muchas niñas y niños son sometidos a comparecencias y declaraciones dentro de los procesos judiciales, una situación que, señalaron, puede generar afectaciones emocionales y psicológicas de largo plazo.
Indicaron que la protección integral de la infancia debe prevalecer por encima de cualquier formalismo jurídico, especialmente en asuntos donde existen señalamientos de violencia familiar o vicaria.
Asimismo, revelaron que varias madres optaron por no participar en la manifestación por temor a represalias o a que sus expedientes pudieran verse afectados, situación que, afirmaron, evidencia la desconfianza que existe hacia algunas autoridades de la Ciudad Judicial de Orizaba.
Finalmente, las inconformes demandaron al Poder Judicial garantizar investigaciones imparciales sobre los señalamientos realizados y aseguraron que continuarán visibilizando los casos en los que, a su juicio, los derechos de niñas, niños y adolescentes no están siendo plenamente protegidos.
