ALEJANDRO AGUILAR
EL BUEN TONO
Córdoba.– El Ayuntamiento de Córdoba concluirá su administración agobiado por juicios y demandas que suman 42 millones 478 mil pesos, de acuerdo con el más reciente Informe sobre Pasivos Contingentes, actualizado a septiembre de 2025. Este cúmulo de litigios, generado durante la gestión actual, representa una pesada carga financiera que deberá ser cubierta con recursos del erario.
El panorama jurídico se divide en tres frentes. En materia laboral, el municipio enfrenta 89 juicios por un total de 23 millones 737 mil pesos. Destacan el expediente 1028/2014-V, con un laudo de 945 mil pesos; el 457/2016-V, con 1.2 millones; y el 125/2022-V, que agrupa 12 procesos por 2.1 millones, aún en fase de instrucción.
En el ámbito civil, aunque hay menos casos, los montos son mayores. Tres juicios concentran 15.8 millones de pesos, incluido el expediente 1018/2023-III, por 8.4 millones, actualmente en apelación. En materia administrativa, un solo caso por 2.8 millones completa el panorama de esta crisis legal.
La Ley Orgánica Municipal establece que la Síndica es responsable de la defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento. Bajo esta disposición, la carga de los resultados recae en la Síndica Vania López González, quien no logró frenar el aumento de litigios y, pese a ello, ocupará un lugar en el próximo Cabildo como regidora.
INVERSIÓN MILLONARIA EN ASESORÍAS EXTERNAS
El contraste más alarmante está en el gasto frente a los resultados obtenidos. Mientras los juicios crecían, la Tesorería Municipal destinó 1 millón 835 mil pesos a la “asesoría legal especializada” del abogado Argel Humberto Aguirre García. El contrato AD/06/FISCALES/2024, firmado el 31 de enero, comprometió recursos públicos hasta diciembre de 2024, con un anticipo de 917 mil 500 pesos y diez mensualidades de 91 mil 750.
Pese a la inversión, la situación jurídica del municipio no mejoró. Por el contrario, los litigios aumentaron, evidenciando fallas estructurales en la Coordinación Jurídica y la falta de mecanismos de conciliación o defensa efectiva de los intereses municipales.
El impacto de esta política legal deficiente recaerá sobre los ciudadanos. Los más de 42 millones en pasivos contingentes representan dinero que dejará de invertirse en infraestructura, servicios públicos y programas sociales. Cada peso destinado a pagar laudos será un peso menos para pavimentación, alumbrado, seguridad o atención a los sectores más necesitados.
