DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
REGIÓN.- Mientras el gobierno federal habla de soberanía, en los municipios la narcopolítica opera con protección política, policial y administrativa. La región Córdoba–Orizaba es un ejemplo claro de cómo el crimen organizado no se infiltra, sino que es tolerado, encubierto y, en algunos casos, protegido desde el poder local.
CÓRDOBA, BAJO SOSPECHA
En Córdoba, el alcalde Manuel Alonso Cerezo y su operador político y jefe real de decisiones, Luis Abella Alvarado, han sido señalados por sus vínculos a estructuras ligadas a la delincuencia organizada.
Los señalamientos apuntan a omisiones deliberadas, protección política y una administración incapaz —o renuente— a combatir redes criminales que operan en la ciudad, lo que ha derivado en crecientes niveles de violencia, extorsión y control territorial, sin respuestas efectivas del gobierno municipal que incluso mantiene a David Flores Cervantes, alias “El Gavilán”, como director de Tránsito Municipal, a pesar de estar señalado por sus vínculos con grupos delincuenciales y el cobro de piso.
ORIZABA COLUDIDA
En Orizaba, en los tiempos de Juan Manuel Diez se contó con una policía municipal señalada por colusión, bajo la coordinación de Mauricio Sosa García mantuvo vínculos con células criminales relacionadas a Roberto de los Santos de Jesús.
Las denuncias públicas advierten que la corporación opera con omisiones sistemáticas, permitiendo extorsiones, presencia criminal y movimientos ilícitos, lo que llevó incluso a exigir la disolución de la policía municipal por su infiltración delictiva.
ATOYAC:
EL ALCALDE
QUE CAYÓ
El caso de Carlos Alberto Ventura de la Paz, ex alcalde de Atoyac, confirma el patrón que se repite en Veracruz: mientras hubo fuero, hubo impunidad; cuando terminó el cargo, llegó la detención.
Ventura de la Paz fue arrestado horas después de concluir su mandato y vinculado a proceso por homicidio doloso calificado, quedando recluido en el penal de La Toma.
Más allá del delito que enfrenta en tribunales, su administración estuvo rodeada de señalamientos sobre convivencia con estructuras criminales en una zona disputada históricamente por grupos delictivos, reforzando la narrativa de narcogobiernos municipales protegidos políticamente.
EL BUKANAS: HILO QUE UNE LA REGIÓN
El nombre de Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, ex policía y líder criminal dedicado al huachicol, extorsión y violencia, aparece una y otra vez ligado a Córdoba, Orizaba y municipios cercanos.
Su permanencia y capacidad de operación no se explican sin complicidad institucional, sin gobiernos municipales incapaces de romper —o interesados en mantener— ese equilibrio criminal.
DE LO LOCAL
A LO NACIONAL
El fenómeno no es exclusivo de Veracruz. México tiene nombres que prueban que el narco alcanzó las más altas esferas del poder. Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, condenado en Estados Unidos por trabajar para el Cártel de Sinaloa.
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, señalado por lavado de dinero y vínculos con cárteles. Julio César Godoy Toscano, ex diputado federal, acusado de proteger a La Familia Michoacana. Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, acusado de asociación delictiva y nexos con los grupos criminales.
LA PRESIÓN ESTADOUNIDENSE
Por esta red de narcopolíticos, narcoalcaldes y narcogobiernos, Estados Unidos ha presionado a México para investigar, sancionar y extraditar a funcionarios vinculados con el crimen organizado, aplicando incluso cancelaciones de visas como castigo político.
Washington no desconfía por discurso ideológico: desconfía porque ve municipios, estados y dependencias encapsuladas con el narco.
En Córdoba, Orizaba, Atoyac y buena parte del país, los nombres están sobre la mesa.
Lo que falta no es información, falta voluntad para romper la red que convirtió al poder público en cómplice del crimen organizado.
Y mientras eso no ocurra, la presión internacional seguirá creciendo, porque el problema ya no es local es de seguridad continental.
