De la Redacción
El Buen Tono
Zongolica.- Durante seis años, Efraín no ha podido ver a sus dos hijos, tras denunciar ser víctima de violencia vicaria. Su expareja, identificada como Reina, trasladó a los menores a Córdoba sin su consentimiento. Desde entonces, su caso ha sufrido el “peloteo” institucional: tras presentar la denuncia en ese municipio, el expediente quedó detenido; después, autoridades de Zongolica lo remitieron a Orizaba sin asumir responsabilidad.
La situación de los menores se ha agravado mientras las fiscalías se deslindan. Efraín desconoce el paradero de su hija, y ha recibido versiones de que su hijo es obligado a comprar cerveza para su padrastro. A pesar de estas señales de posible omisión de cuidados, ninguna autoridad ha iniciado una investigación. En la Fiscalía de Zongolica incluso le exigieron que dejara de denunciar y que él proporcionara la dirección exacta de la madre, una tarea que corresponde legalmente a las autoridades.
El desgaste emocional lo ha llevado a tratamiento psicológico. Efraín aclara que su lucha no es contra su expareja, sino por el derecho de convivencia y el bienestar de sus hijos. “Ella está violentando los derechos de los niños. No están estudiando, mi hija –una menor de edad– vive fuera de casa y mi hijo es enviado a hacer mandados que no le corresponden”, sentenció el padre.
Este caso exhibe la grave omisión institucional ante la violencia vicaria. La falta de acción perpetúa el daño psicológico y social tanto en las víctimas directas como en los menores. El fenómeno, que implica utilizar a los hijos para dañar al otro progenitor, a menudo es precedido por la alienación parental –un proceso de manipulación donde un progenitor induce rechazo injustificado hacia el otro–. Estas conductas atentan contra un derecho fundamental de la niñez: crecer y desarrollarse en un ambiente sano con ambos padres.
