De la redacción
El Buen Tono
Un grupo de 23 congresistas demócratas solicitó al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) investigar la adjudicación de casi 7 mil 500 millones de dólares en contratos para la construcción de obras fronterizas en la región de Big Bend, Texas, ante posibles irregularidades y presunto favoritismo hacia empresas vinculadas al presidente Donald Trump.
La petición fue presentada mediante una carta firmada por legisladores, entre ellos los texanos Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro, quienes señalaron que dos constructoras recibieron cuatro de los cinco contratos asignados para este sector: Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel.
En el caso de Barnard Construction, los congresistas cuestionaron los vínculos de su fundador, Tim Barnard, quien habría donado alrededor de un millón de dólares a grupos de recaudación de fondos relacionados con la campaña presidencial de Trump en 2024.
Respecto a Fisher Sand & Gravel, señalaron que la compañía contrató en 2021 a Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza del Gobierno estadounidense, para realizar labores de cabildeo en Texas, cuando encabezaba una firma privada de consultoría.
La construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo en el oeste de Texas, que contempla terrenos del Parque Nacional Big Bend, también ha generado inconformidad entre organizaciones ambientalistas, propietarios de tierras y habitantes de la región.
El parque comprende más de 324 mil hectáreas de territorio protegido a lo largo de la frontera con México, donde existen especies animales amenazadas, sitios arqueológicos y ecosistemas considerados de gran valor ambiental.
En su escrito, los legisladores advirtieron que los contribuyentes estadounidenses tienen derecho a conocer si las decisiones sobre estas obras responden a necesidades públicas legítimas o si están relacionadas con influencias políticas e intereses privados.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la justificación de la construcción, debido a que el sector de Big Bend comprende 832 kilómetros de frontera y registra una de las menores cifras de cruces irregulares.
Durante 2025, esta región concentró apenas el 1.3 por ciento de las detenciones realizadas en la frontera. Sin embargo, en mayo de este año, el DHS clasificó el área como una zona de alta entrada ilegal de migrantes y argumentó que existía una necesidad urgente de instalar barreras físicas.
Por ello, los congresistas solicitaron revisar si la clasificación de riesgo está debidamente sustentada, si los contratos fueron adjudicados conforme a los procedimientos correspondientes y si el gasto millonario representa un beneficio para el interés público, particularmente porque el Gobierno se eximió de cumplir diversas leyes federales para avanzar con las obras.
La solicitud de investigación se presentó una semana después de que la Suprema Corte de Estados Unidos autorizara al Gobierno de Trump continuar con la construcción del muro en Big Bend, luego de que un tribunal de menor instancia en Texas había ordenado frenar el proyecto.
En su resolución, el máximo tribunal estadounidense consideró que el Gobierno tiene intereses apremiantes relacionados con la seguridad y la integridad de la frontera para justificar la continuación de los trabajos.
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