AGENCIAS
Ciudad de México.- El Fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red que, junto con su hijo, Leonel Díaz Grajales, cobraba “moches” de hasta 25% a víctimas de delitos que recibieron pagos por reparación del daño.
La denuncia fue presentada por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, quien detalló que padre e hijo habrían hecho uso indebido de información y traficado influencias para despojar a las víctimas de parte del dinero proveniente de recursos federales. Mientras Díaz Rogel operaba desde la Fiscalía Anticorrupción, su hijo lo hacía desde la Comisión de Atención a Víctimas, coludiéndose para favorecer expedientes específicos y obtener ganancias económicas.
Según la denuncia, al inicio del gobierno de la morenista Margarita González, en 2024, Díaz Grajales fue contratado en la Comisión, donde tuvo acceso a expedientes, bases de datos y procesos relacionados con la reparación integral a víctimas. Posteriormente, habría utilizado esta información para representar legalmente a ciertos beneficiarios y pactar honorarios privados de hasta 25% del monto obtenido.
Durante el mismo periodo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó información confidencial sobre expedientes vinculados a personas representadas por Díaz Grajales, lo que habría generado presión institucional sobre la Comisión encargada de administrar los recursos. Picazo señaló que estas acciones podrían constituir delitos como peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, así como actos de intimidación y extorsión institucional.
Los recursos involucrados provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Fondo de Reparación Integral, lo que obliga a la intervención de la FGR para investigar posibles irregularidades. La denuncia también advierte que estas conductas pudieron alterar el orden de atención a víctimas y generar trato desigual en el acceso a recursos.
La Comisionada solicitó la apertura de una carpeta de investigación, la realización de diligencias para esclarecer los hechos, la determinación de responsabilidades penales y medidas de protección para garantizar su seguridad ante posibles represalias.
