Córdoba, Ver.- La radiodifusora Radio Banana 98.3 FM presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República tras el sabotaje que sufrió su sistema de transmisión durante la madrugada del 23 de mayo de 2025, hecho que fue calificado como un atentado contra la libertad de prensa y un posible delito federal al tratarse de daños a las vías generales de comunicación.
De acuerdo con el escrito presentado por el apoderado legal de la estación, personas no identificadas ingresaron de manera ilegal al cerro de las antenas, ubicado entre Cuautlapan y Fortín, donde se encuentran las instalaciones de transmisión, y cortaron deliberadamente los cables que conectan los transmisores con las antenas. El ataque dejó fuera del aire a la emisora durante varias horas, impidiendo la difusión de su programación informativa y de servicio a la comunidad.
La denuncia sostiene que el sabotaje ocurrió apenas horas después de que en el programa “La última y nos vamos” se abordaran temas considerados sensibles relacionados con el gobierno municipal de Córdoba, lo que, según los directivos de la emisora, podría apuntar a una motivación política detrás del ataque.
Durante la inspección técnica realizada posteriormente, especialistas confirmaron que la interrupción de la señal no se debió a una falla natural o técnica, sino a daños provocados de manera intencional. El informe fue acompañado de evidencia fotográfica y testimonios que ya forman parte de la carpeta de investigación presentada ante el Ministerio Público Federal.
Directivos de la emisora aseguran que el ataque forma parte de un contexto más amplio de presiones que —afirman— se han intensificado desde la llegada al poder del alcalde de Córdoba, Manuel Alonso Cerezo. Según denunciaron, distintas áreas del Ayuntamiento han sido utilizadas para ejercer presión contra empresas y proyectos vinculados con el grupo empresarial del empresario José Abella García.
Entre los señalamientos se menciona la presunta utilización de dependencias municipales como Tránsito, Policía Municipal, Hidrosistema y Protección Civil para realizar operativos, inspecciones y sanciones que, aseguran, carecen de fundamentos técnicos o jurídicos sólidos. De acuerdo con los denunciantes, estas acciones han sido utilizadas como mecanismos de intimidación y presión administrativa contra diversas empresas.
Un ejemplo señalado ocurrió en la zona del mercado La Isla, donde corporaciones de seguridad y tránsito permanecieron durante horas custodiando cajones de estacionamiento para impedir que autobuses de la línea Metro se estacionaran en el lugar. Vecinos de la zona señalaron que inicialmente pensaron que se trataba de un operativo contra la delincuencia; sin embargo, posteriormente se confirmó que la presencia de las autoridades estaba dirigida exclusivamente a impedir el uso de esos espacios por parte de las unidades.
Incluso, señalan que los ataques y presiones habrían comenzado antes de que Manuel Alonso asumiera formalmente el cargo como presidente municipal, lo que, según los denunciantes, demostraría una estrategia previa para confrontar y debilitar a medios de comunicación críticos de su administración para que eviten hablar de la corrupción en el gobierno.
En este contexto, también se ha denunciado una campaña de desprestigio contra empresas vinculadas al grupo empresarial del comunicador, la cual presuntamente se difunde a través de algunos medios locales que, según los afectados, reciben recursos públicos o publicidad institucional para atacar y desacreditar a sus competidores.
Sin embargo, los directivos de la radiodifusora consideran que este tipo de acciones forman parte de una serie de medidas administrativas dirigidas contra empresas específicas en medio del conflicto político local.
Además, periodistas de la estación denunciaron un patrón de amenazas y hostigamiento contra su personal, quienes aseguran haber recibido intimidaciones derivadas de su labor informativa.
Ante esta situación, solicitaron la implementación de medidas de protección personal y vigilancia en sus instalaciones, así como una investigación exhaustiva sobre el sabotaje a la emisora.
Finalmente, Radio Banana reiteró que el ataque a su infraestructura representa un atentado directo contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, por lo que exigió a las autoridades federales esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, ya que la carpeta de investigación aún no avanza y las amenazas hacia la labor periodística y el hostigamiento a empresas continúan.
