AGENCIA
San Cristóbal de las Casas, Chis.- El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció que Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) presentaron denuncias penales contra familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, en Chiapas, para exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria donde se construye el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con el organismo, las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de invasión de bienes nacionales, contemplado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales. En total, las acciones legales se dirigen contra tres mujeres de Pijijiapan y contra cuatro mujeres y un hombre de Arriaga, todos habitantes de comunidades ubicadas en la ruta del proyecto federal.
El Centro Digna Ochoa calificó estas acciones como un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente contra mujeres, y advirtió que el uso del derecho penal para resolver conflictos territoriales o administrativos representa una medida desproporcionada y contraria a los principios del Estado de derecho.
El organismo señaló que este tipo de procedimientos pueden derivar en violaciones graves a derechos humanos, al utilizarse el sistema de justicia como un mecanismo de presión, intimidación o desplazamiento forzado de comunidades.
En su pronunciamiento, subrayó que las personas denunciadas tienen derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la vivienda adecuada, a la propiedad y posesión, así como a no ser objeto de hostigamiento, persecución arbitraria o discriminación por razones de género o condición socioeconómica.
Asimismo, advirtió que los casos de Arriaga y Pijijiapan podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza, al emplearse el aparato penal para resolver conflictos que deberían atenderse mediante vías administrativas, sociales o de diálogo.
El Centro recordó que el Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, tiene la obligación constitucional e internacional de respetar y garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1 de la Constitución y a los tratados internacionales firmados por México.
En ese sentido, señaló que FIT, la SCIT y las autoridades federales involucradas tienen la responsabilidad de garantizar que cualquier acción relacionada con el derecho de vía ferroviaria se realice sin criminalizar a las comunidades, privilegiando mecanismos como la mediación, el diálogo social y las soluciones integrales.
Advirtió también que los desalojos forzosos, cuando se realizan sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicación digna y sin reparación del daño, constituyen violaciones graves a los derechos humanos, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo subrayó que estos hechos se enmarcan en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, donde diversas comunidades han denunciado la falta de consulta previa, libre e informada, así como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado y afectaciones a sus medios de vida.
Recordó además que la consulta previa es un derecho vinculante reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Constitución mexicana y la jurisprudencia interamericana, por lo que ningún proyecto de infraestructura puede imponerse mediante la coerción penal.
Ante este escenario, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa exigió el cese inmediato de la criminalización y persecución penal contra las familias de Arriaga y Pijijiapan, la revisión y posible desestimación de las denuncias por parte de la FGR, y la garantía del debido proceso y la integridad de las personas señaladas.
También solicitó la apertura de un mecanismo de diálogo interinstitucional con participación de las familias afectadas, organismos de derechos humanos y autoridades, así como la suspensión de cualquier intento de desalojo mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas.
Finalmente, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a organismos nacionales e internacionales que den seguimiento al caso, visibilicen los riesgos y contribuyan a prevenir posibles violaciones graves a los derechos humanos.
