AGENCIA
Álamo Temapache, Veracruz.- La fuga en el oleoducto Poza Rica–Madero, que transporta hidrocarburo a través del río Pantepec, dejó claro una vez más la fragilidad de la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los riesgos ambientales que implica la operación de sus ductos. Hasta ahora, la empresa reporta la recuperación de un millón 602 mil litros de crudo, pero el daño ecológico y social causado por el derrame es mucho más difícil de cuantificar.
El derrame afecta no solo a los cuerpos de agua, sino también a las comunidades que dependen de ellos para consumo y actividades productivas. A pesar de que Pemex destaca la intervención de 755 trabajadores con apoyo de la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el gobierno estatal, la magnitud del accidente pone en evidencia la falta de prevención y mantenimiento en la red de oleoductos de la petrolera estatal.
Las medidas anunciadas, como la recolección del crudo, la instalación de barreras de contención y el monitoreo de las corrientes del río, son reactivas y llegan tras el daño ya causado. Mientras tanto, los pobladores reciben despensas, agua potable y atención médica temporal, acciones que, si bien necesarias, no compensan el impacto ambiental y los riesgos para la salud a largo plazo.
Este nuevo incidente subraya la urgencia de revisar los protocolos de seguridad, reforzar la infraestructura y asumir responsabilidades claras. La repetición de derrames en México demuestra que los esfuerzos de Pemex siguen siendo insuficientes para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de las comunidades que viven a la orilla de sus ductos.
La pregunta que queda es si la petrolera está preparada para prevenir futuros desastres o si continuará reaccionando únicamente cuando la crisis ya ha afectado a ríos, ecosistemas y poblaciones vulnerables.
