AGENCIA
Nacional.- Este 15 de octubre marcó el cierre de una era en el sector de las telecomunicaciones en México, con la extinción oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el surgimiento de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), nuevo órgano encargado de regular las políticas del sector.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió la semana pasada al Senado la lista de aspirantes a comisionados del nuevo organismo, la cual fue aprobada este miércoles. El pleno de la CRT estará conformado por María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Ledénkia Mackinsie Méndez González, Norma Solano Rodríguez, Adán Salazar Garibay y Tania Villa Trápala.
El nuevo ente asumirá funciones clave relacionadas con el espectro radioeléctrico, concesiones, regulación de servicios y derechos de las audiencias. Los trabajadores del IFT fueron notificados de que sus actividades concluirían este mismo día.
Creado en 2013, el IFT surgió como un organismo autónomo con el objetivo de garantizar la competencia y la transparencia en el sector de las telecomunicaciones. Durante más de una década logró avances notables: La reducción de 33.1% en los precios de servicios de comunicación entre 2013 y 2024, un incremento en el acceso a banda ancha móvil -que pasó de 27.4 millones de líneas en 2013 a más de 126 millones en 2023- y la eliminación del cobro por larga distancia nacional, entre otros logros.
Especialistas consultados por La Silla Rota advirtieron que el cambio podría representar un retroceso en la autonomía regulatoria. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), destacó que el principal beneficio del IFT fue haber nacido como un organismo independiente, capaz de tomar decisiones alejadas de intereses políticos y empresariales.
El Senado ratificó la propuesta presidencial con 74 votos a favor y 33 en contra. De acuerdo con la ley, Sheinbaum cuenta con un plazo de 10 días naturales para designar a la persona que presidirá el nuevo órgano.
La creación de la CRT marca un punto de inflexión en la política de telecomunicaciones mexicana, en medio de cuestionamientos sobre la pérdida de autonomía y el riesgo de una mayor concentración de poder en manos del Ejecutivo.
