AGENCIA
Veracruz, Ver.- Tras la desaparición de la novia y una amiga del periodista Carlos Castro, la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 solicitó a autoridades estatales y federales brindar protección inmediata a las familias del comunicador y de las dos jóvenes desaparecidas.
La petición se da luego de que Wendy Arantza Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz fueran vistas por última vez durante el sepelio del periodista, asesinado el pasado 8 de enero. Ante este contexto, Artículo 19 exigió que se activen de manera urgente mecanismos efectivos de seguridad para salvaguardar al círculo familiar de las tres víctimas.
La organización pidió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) coordinarse con el Mecanismo de Protección Federal a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de otorgar medidas que garanticen la integridad no solo de los familiares y colegas de Carlos Castro, sino también de los familiares de Wendy y Karime, cuya desaparición se da en el marco del asesinato del comunicador.
Carlos Castro se desempeñaba como periodista especializado en temas de seguridad en Poza Rica. De acuerdo con Artículo 19, el caso ha dejado de ser un homicidio aislado para convertirse en una crisis de desapariciones vinculadas al mismo contexto de violencia.
La organización también reveló que el periodista había sido víctima de intimidaciones por parte de elementos policiacos durante 2024. Aunque en su momento contó con medidas de protección temporales otorgadas por la CEAPP, estas concluyeron meses antes de que fuera asesinado.
Ante la desaparición de las dos jóvenes, Artículo 19 urgió a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a actuar con rapidez y coordinación para su localización con vida.
Veracruz se mantiene como una de las entidades más peligrosas para el ejercicio periodístico, al encabezar la lista nacional con 32 comunicadores asesinados, la mayoría de los casos en total impunidad. Por ello, la organización demandó a la Fiscalía no descartar la labor informativa de Carlos Castro como móvil principal del crimen.
Asimismo, exigió la aplicación del Protocolo Homologado de Investigación para Delitos contra la Libertad de Expresión, al advertir que la falta de una investigación adecuada profundiza la violencia y el riesgo para periodistas y sus familias.
