El servidor público Juan Alfonso Briones Jiménez aparece en plataforma oficial con dos plazas activas.
La Redacción
El Buen Tono
En pleno discurso oficial de combate a la corrupción, la Secretaría de Bienestar en Veracruz vuelve a estar en el ojo del huracán. El nombre del funcionario Juan Alfonso Briones Jiménez, identificado como enlace “Servidor de la Nación”, apareció en plataformas digitales con dos plazas activas, lo que constituye una irregularidad que atenta contra el principio de servidor público único.
Según datos de la plataforma “Servidores de la Nación”, Briones Jiménez figura con un sueldo de 16,059 pesos y simultáneamente un segundo ingreso por 12,847.20 pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había documentado esta práctica. Desde febrero de 2021, el órgano fiscalizador reportó que se realizaron pagos dobles a 147 “servidores de la nación” por 16 millones 285,000 pesos y pagos adicionales a 138 que estaban contratados en otras unidades sin dictamen de compatibilidad.
Lo más grave del caso es que la permanencia del funcionario se debería a un acto de protección política directa. Fuentes al interior de la dependencia confirmaron que Briones Jiménez es un operador cercano y presunto “protegido” del delegado federal de Programas para el Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín.
La cercanía con el delegado no es un dato menor. Gómez Cazarín ha sido señalado reiteradamente por prácticas de nepotismo y designación de familiares. El pasado 7 de enero de 2026, medios como Hora Cero documentaron el caso de la familia del delegado en el municipio de Hueyapan de Ocampo, donde habría colocado a parientes en cargos y contratos millonarios. Además, se sabe que un hermano del delegado desistió de una candidatura para evitar incurrir en el delito de nepotismo, una práctica que ha sido ampliamente criticada desde el propio gobierno federal.
Los llamados “Servidores de la Nación” fueron creados como un cuerpo de difusión y apoyo ciudadano, pero han sido señalados por la opacidad de sus nóminas y su uso electoral. En la misma auditoría referida, la ASF también descubrió que la Secretaría de Bienestar no comprobó más de 561 millones de pesos en el manejo de estas contrataciones.
