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DESIGNACIÓN IMPRUDENTE

Superiberia

Por Andrés Timoteo / columnista

El nombramiento de la banquetera Brenda Cerón Chagoya -porque organiza banquetes en la empresa que tiene la exdiputada local, Carola Viveros, no por las banquetas o aceras- como comisionada estatal para la búsqueda de personas desaparecidas es un poema a la irresponsabilidad pública. Claro que la señora no tiene el perfil que requiere esa encomienda tan delicada y su nombramiento más que una ocurrencia es una burla a quienes reclaman acciones serias para localizar a los ausentes.

Todas las experiencias que se han tenido en los países que emprenden la búsqueda de las personas desaparecidas, durante periodos de violencia extrema, demuestran el cuidado que se ha tenido al seleccionar a los encargados del proceso para ubicar a las víctimas no localizadas, ya que los mismos tienen que reunir los conocimientos y experiencia necesaria para manejar las circunstancias de la tragedia.

De ahí que se ha optado por personas de alto perfil en la academia, el Derecho y la Jurisprudencia, la sicología, la antropología forense e incluso en el activismo social y la intelectualidad -escritores y periodistas, comúnmente-. Es decir, personas que gocen del reconocimiento público al grado de que su discurso frente a unos y otros -las víctimas, los victimarios, las autoridades y la sociedad en general- sea creíble y respetado.

En Perú, Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina hubo intensos debates en los años ochenta y noventa sobre las cartas-credenciales que deberían tener comisionados para buscar a los desaparecidos. Unos decían que debían ser jurisconsultos expertos para hacer un trabajo armónico con el marco legal.  Otros proponían a sociólogos, psicólogos y hasta tanatólogos para acompañar a las personas que buscan a sus seres queridos.

Otros más se decantaron por intelectuales de palabra irrefutable. Por ejemplo, en Perú se propuso al escritor Mario Vargas Llosa, quien finalmente declinó la invitación, aunque sí aceptó presidir la comisión de la verdad sobre la masacre de ocho periodistas en el poblado de Uchuraccay, en la zona andina, el 26 de enero de 1983, hace 36 años.

También se convocó a clérigos de la Iglesia católica reconocidos por su solvencia moral y su compromiso social. Un ejemplo es Juan Gerardi, obispo de Santa Cruz del Quiché en Guatemala, quien presidió la Comisión Nacional de Reconciliación que entre sus tareas tenía la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt. Monseñor Gerardi fue asesinado en 1998 tras publicarse el reporte “Guatemala, Nunca Más” sobre el genocidio cometido por la milicia.

En Chile, el jurista Raúl Rettig fue nombrado para recopilar información sobre los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura pinochetista y en 1991 publicó el histórico “Informe Rettig” sobre las víctimas, tanto muertos como desaparecidos. Rettig se hizo acompañar en dicha tarea por un grupo de ocho reconocidos abogados.

¿Qué tiene Cerón Chagoya frente a personajes como Gerardi, Vargas Llosa o Rettig? Nada, ni siquiera el beneficio de la duda. A la señora Brenda Cerón sólo se le conoce por tres cosas -de las que la prensa ha dado cuenta en estos días-: su militancia en Morena, su sociedad con la exdiputada Viveros y sus sainetes como golpeadora en el Congreso local por lo que fue bautizada en las redes sociales como “Lady Empujones”.

 Habrá quien diga que Veracruz no es Perú ni Guatemala ni Chile y por lo tanto no se requiere a un intelectual, jurisconsulto o prelado de alto nivel, pero esa es una excusa torpe. Allá como acá, sin importar el tamaño del territorio y que se trate de Estado-Nación o una Entidad federativa, la tragedia es la misma: miles de personas desaparecidas y miles que las buscan. Por ende, es insoslayable alguien con alta solvencia ética y profesional para acompañar a los colectivos buscadores.

Así, la designación de “Lady Empujones” demuestra el grado de importancia que le dan al tema y además confirma que el compromiso con los derechos humanos, así como el famoso decreto de emergencia humanitaria por la desaparición forzada de personas, es mera chunga. Los colectivos que buscan a los desaparecidos no deben aceptar tal burla.

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