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Desisten mil candidatos por miedo

Superiberia

ORIZABA.- Con el asesinato de José Remedios Aguirre abanderado de Morena y candidato a la alcaldía de Apaseo El Alto, ultimado ayer a balazos, suman ya 88 políticos los que han sido asesinados en este período electoral. Mil han renunciado a las candidaturas a cargos públicos, tanto locales como federales, por miedo al crimen organizado, por haber sido obligados por sus partidos o a causa debida a ‘cuestiones personales’.

Por temor al crimen organizado, al menos mil candidatos a cargos públicos, tanto locales como federales, han decidido abandonar la actual contienda electoral, obligados por sus partidos o debido a ‘cuestiones personales’, señalaron.

El Estado de México es la segunda entidad donde 225 aspirantes han solicitado la anulación de su registro, sólo después de Oaxaca, donde se han reportado 306 casos similares haste el momento.

Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que recientemente dio a conocer que se dio una situación de riesgo de actores políticos de México, incluyendo a precandidatos y candidatos para las elecciones del primero de julio, por lo que refirió que existe la confianza en que se garantice la seguridad durante la actual contienda electoral.

Y es que en los últimos días ha sido ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que se ha solicitado la sustitución de 341 aspirantes suplentes y propietarios a causa de “renuncias”, mientras que diversas autoridades estatales han reportado al menos 660 bajas en los procesos para elección de gobernantes municipales y legisladores locales.

Dieron a conocer que el estado en donde se han registrado más bajas es en Oaxaca, con 306, seguido del Edomex donde 225 aspirantes solicitaron la anulación del registro, y luego Chihuahua con 80, mientras que otros 72 han renunciado a sus derechos políticos, por mencionar algunos.

El organismo confió en que en México se realicen las investigaciones pertinentes de manera eficaz y en estricto cumplimiento de las garantías, por lo que exhortó al Estado a garantizar la seguridad de los candidatos en los tres niveles de Gobierno, sin ningún tipo de distinción, para que el derecho a elegir y a ser elegido, pueda ejercerse libre de cualquier tipo de violencia.

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