De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La reciente caída de la pintura en la fachada del Palacio Municipal de Córdoba expone de manera cruda el fracaso de una costosa intervención, valorada en más de 1.67 millones de pesos, y pone al descubierto las redes de opacidad y favoritismos políticos que rodearon su contratación.
A poco tiempo de su supuesta rehabilitación, los deterioros evidencian no solo una obra de mala calidad, sino un sistema de adjudicación cuestionable que malgastó recursos públicos.
El contrato fue otorgado a Blarma Construcciones mediante una licitación por invitación restringida a solo tres participantes. Resulta sospechoso que esta empresa, sin historial conocido en trabajos especializados de pintura arquitectónica, emergiera repentinamente como “especialista” en obra pública municipal justo para este proyecto millonario.
La sombra de la opacidad se extiende sobre la figura de Marco Antonio Aguilar Yunes, identificado como socio principal de Blarma en su acta constitutiva, cuyo perfil político resurgió en contrataciones municipales tras haber ocupado cargos como diputado federal, secretario del Trabajo y procurador regional.
Este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón preocupante señalado por la ASF, que en 2022 documentó un presunto daño patrimonial de 9 millones de pesos en Córdoba por un contrato amañado a Blarma Construcciones. Expertos atribuyen el problema no a la pintura, sino a la negligente preparación de superficies —sin raspado, sellado de grietas o tratamientos antihumedad—, agravada por las lluvias, lo que permitió filtraciones y salitre, causando el desprendimiento prematuro.
