De la redacción
El Buen Tono
A más de dos meses de la llamada Marcha de la Generación Z, siete de las 18 personas detenidas presentaron una denuncia contra autoridades judiciales de la Ciudad de México, a quienes acusan de mantener estancados los procesos legales en su contra y de incurrir en diversas irregularidades.
El abogado de los querellantes, Ricardo Colorado, señaló que la fiscalía capitalina no ha notificado audiencias, interrumpió la comunicación con los imputados pese a solicitudes formales para buscar acuerdos y no ha mostrado avances en las denuncias presentadas por los propios detenidos. De acuerdo con el litigante, tampoco se han entregado las grabaciones de cámaras solicitadas para acreditar que sus defendidos no participaron en los hechos violentos ni pertenecen al grupo que reventó la movilización.
Durante la presentación de la denuncia, varios de los indiciados relataron las dificultades que han enfrentado durante casi tres meses al tener que firmar periódicamente como parte de sus procesos penales en libertad. Sergio David Velasco Rodríguez pidió que se le reconozca como víctima y se ponga fin a lo que calificó como un alargamiento injustificado del proceso, además de denunciar tortura.
Gabriel Pérez Rábago, empleado del gobierno de la Ciudad de México, afirmó que la fiscalía no ha presentado pruebas en su contra y que fue obligado a autoinculparse bajo presión física y psicológica. Señaló que fue forzado a declarar ante cámaras y que enfrenta cargos por resistencia, pese a asegurar que su testimonio fue obtenido de manera irregular.
Dos personas continúan detenidas desde el 15 de noviembre. Se trata de Brayan Alexis, de 28 años, y Eduardo Josafat, de 27, quienes permanecen en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, acusados de lesiones y robo. Sus defensores aseguran que han presentado pruebas de arraigo, testimonios y evidencia que los deslindan de los actos violentos, sin que hasta ahora se haya modificado su situación jurídica.
Ante lo que califican como inconsistencias y burocracia judicial, los representantes legales anunciaron la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Servidores Públicos por abuso de autoridad, así como otra ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por tortura y violaciones a derechos humanos. También informaron que acudirán a la Fiscalía General de la República para solicitar que el caso sea atraído, al considerar que no se ha aplicado lo ordenado por el órgano jurisdiccional, incluida la implementación del Protocolo de Estambul.
Otro de los abogados, Víctor Gutiérrez, adelantó que el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que existen elementos suficientes para denunciar violaciones graves a los derechos fundamentales de las personas detenidas.
