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Los Mochis, Sinaloa. — Gerardo Vargas Landeros, exalcalde del municipio de Ahome, fue detenido la tarde de este viernes por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en su domicilio particular, tras no presentarse a declarar en una audiencia relacionada con una investigación por ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
La aprehensión ocurrió alrededor de las 13:00 horas en su residencia en Los Mochis. Vargas Landeros enfrenta señalamientos por la renta millonaria de 126 patrullas durante su administración, que alcanzó un monto aproximado de 171 millones de pesos.
Aunque el exedil contaba con un amparo para evitar su captura, este no era válido en Sinaloa, por lo que actualmente es trasladado a Culiacán para ser presentado ante un juez.
El pasado 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa desaforó a Vargas Landeros por presuntas irregularidades en su gestión. Un día antes, el exalcalde anunció que tomaría licencia para atender los procesos administrativos y penales en su contra, declarando públicamente: “No me voy a esconder ni permitir que ensucien lo que hemos logrado juntos con tanto esfuerzo.”
Tras el desafuero, el Congreso designó como alcalde sustituto al diputado con licencia Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Paralelamente a las acusaciones por mal manejo administrativo, Vargas Landeros ha sido vinculado con el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, actualmente detenido en Estados Unidos. El periodista Luis Chaparro reveló que el desafuero fue promovido por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien supuestamente solicitó autorización a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para iniciar el proceso.
De acuerdo con investigaciones, existen grabaciones y expedientes abiertos por autoridades estadounidenses que implicarían al exalcalde en actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Fuentes federales indicaron que el caso se ha intentado encubrir bajo la apariencia de irregularidades administrativas para minimizar el impacto político, situación que ha generado críticas sobre la transparencia en el proceso.
