AGENCIA
Medellín de Bravo, Ver.- Lo que comenzó como una jornada ciudadana para rellenar baches terminó con seis personas detenidas, entre ellas adultos mayores, luego de que elementos de la Policía Municipal intervinieran cuando los vecinos realizaban trabajos de reparación en una calle de la colonia Las Torres, en la comunidad de La Gloria.
De acuerdo con familiares de los afectados, los habitantes colocaban tierra en los enormes baches de la calle Nicolás Bravo debido a que, pese a múltiples solicitudes presentadas ante el Ayuntamiento, las autoridades nunca atendieron el deterioro de la vialidad.
Los seis ciudadanos fueron trasladados a la comandancia municipal ubicada en el fraccionamiento Arboledas San Ramón. Además, dos camionetas utilizadas para las labores también fueron aseguradas durante el operativo.
Familiares denunciaron que inicialmente les habrían solicitado 15 mil pesos por cada detenido y 10 mil pesos por cada vehículo para recuperar su libertad y las unidades. Finalmente, las seis personas fueron liberadas tras el pago de una multa de 5 mil pesos, mientras que los vehículos pudieron ser retirados al no intervenir autoridades de Tránsito.
Los habitantes aseguraron que la primera solicitud para reparar la calle fue presentada el 21 de enero de 2026, pocos días después del inicio de la actual administración municipal. Posteriormente entregaron una segunda petición en marzo; ambas fueron recibidas y selladas por el área de Obras Públicas, pero nunca obtuvieron respuesta.
Según los vecinos, el tramo afectado comprende aproximadamente 200 metros de la avenida Nicolás Bravo, donde los baches representan un riesgo constante para automovilistas, motociclistas y peatones.
La situación no es exclusiva de esa comunidad. Habitantes del fraccionamiento Arboledas San Ramón señalaron que existen calles con daños que llevan más de un año sin ser atendidos, pese a los reportes realizados ante el Ayuntamiento.
Más allá de la legalidad de intervenir una vía pública sin autorización, el caso ha provocado cuestionamientos sobre las prioridades de la autoridad municipal. Mientras las solicitudes formales para reparar calles permanecieron archivadas durante meses, la respuesta institucional llegó únicamente cuando los propios ciudadanos decidieron actuar para solucionar un problema que afecta diariamente a sus familias.
El episodio también reabre el debate sobre el uso de la fuerza pública frente a demandas ciudadanas. Para muchos habitantes resulta contradictorio que exista capacidad para movilizar patrullas y detener vecinos que intentaban mejorar una calle, pero no para atender una obligación básica de cualquier gobierno municipal: mantener en condiciones seguras la infraestructura vial.
