AGENCIAS
Culiacán, Sin.- Isaac Andrey “N”, de 36 años, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y trasladado a México para enfrentar un proceso penal por su presunta participación en un esquema de fraude mediante falsas inversiones que habría dejado más de 4 mil víctimas y cerca de 900 denuncias formales en Sinaloa.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación por el delito de fraude específico y solicitó que el acusado fuera vinculado a proceso. Sin embargo, la defensa pidió la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica, por lo que será el próximo 6 de agosto cuando un juez determine su situación legal.
Mientras continúa el proceso, la autoridad judicial impuso a Isaac Andrey “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad.
De acuerdo con la investigación, el acusado presuntamente operaba, junto con otras personas, una plataforma de inversión en la que ofrecían rendimientos mensuales de entre 4 y 10 por ciento, cifras superiores a las del mercado financiero. Para ingresar al esquema, los participantes debían realizar inversiones mínimas de alrededor de 100 mil pesos.
Las autoridades señalan que los recursos captados presuntamente no eran utilizados para inversiones reales, sino que habrían sido desviados a cuentas particulares y empresas fachada.
El caso habría afectado principalmente a habitantes de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, donde cientos de personas entregaron sus ahorros con la promesa de obtener ganancias. El esquema colapsó en marzo de 2023, cuando los inversionistas dejaron de recibir los pagos ofrecidos y comenzaron las denuncias.
La captura fue resultado de un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, luego de que el sospechoso fuera localizado en territorio estadounidense.
La Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen más responsables y establecer el monto total del daño económico ocasionado a las víctimas. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión, dependiendo de lo que se acredite durante el proceso judicial.
