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AGENCIA

Ciudad de México.– Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, quien fue detenido el pasado 16 de julio por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La audiencia concluyó durante la madrugada de este domingo, cuando la autoridad judicial determinó que el exmandatario permanezca privado de la libertad mientras continúa el proceso penal en su contra.

De acuerdo con las investigaciones federales, Ernesto “N” es señalado por su presunta participación como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, la cual es investigada por su posible relación con una red dedicada al denominado huachicol fiscal y al contrabando de combustibles.

Junto con otras cinco personas imputadas en el mismo caso, el exgobernador será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Otros dos implicados permanecerán bajo prisión domiciliaria mientras se define su situación jurídica en los próximos días.

Las autoridades también investigan a la empresa Ingemar por su presunto vínculo con una organización dedicada al contrabando de combustibles que, según las indagatorias, habría operado desde 2024.

Tras la detención, el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó que el proceso se desarrolle con estricto apego a la ley y respeto a la presunción de inocencia. En un comunicado, el instituto político manifestó su respaldo al exgobernador y señaló que la justicia debe aplicarse sin distinción y con el mismo criterio para todos los casos.

Ernesto “N” fue el primer gobernador de oposición en México al obtener la gubernatura de Baja California en 1989 bajo las siglas del PAN. Desde 2025, su nombre había sido relacionado con las investigaciones sobre el denominado huachicol fiscal debido a su vínculo con la empresa Ingemar, aunque en ese momento rechazó cualquier participación en actividades ilícitas y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.

La situación jurídica del exmandatario y de los demás imputados será definida por un juez durante la próxima semana.

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