Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Juan Manuel Diez volvió a quedar en evidencia como lo que es: un mentiroso que antepone sus intereses personales y empresariales por encima del bienestar social, en este caso, de los derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Mientras presume ante la gobernadora Rocío Nahle un proyecto “altruista” para adultos mayores, en la práctica busca quedarse con la mayor parte del espacio del ex hospital psiquiátrico para negocios privados disfrazados de desarrollo humano.
Jesús Arenzano Mendoza, presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados AC, zona Córdoba-Orizaba, señaló que Diez Francos ha asegurado que destinará ese edificio para el beneficio de adultos mayores, pero la verdad es otra: pretende asignar “dos cuartos” para pensionados del IPE, mientras el resto del inmueble sería ocupado por cafeterías y restaurantes a favor de sus amigos y allegados, repitiendo el patrón de apropiación del espacio público para fines particulares, que lo ha caracterizado y muestra de ello es el Poliforum Cultural Mier y Pesado, donde sus salones son rentados para fiestas de 15 años, graduaciones o bodas, entre otros.
Su discurso, además de falso, resulta cínico. En Orizaba existen tres casas del adulto mayor operadas por el DIF, lo que demuestra que no hay necesidad de más espacios de ese tipo. Lo que sí existe es una urgente demanda regional para contar con una Casa del Pensionado del IPE, que atienda a trabajadores del Estado, jubilados de más de 16 municipios de la región de las Altas Montañas, incluyendo Huatusco, Córdoba, Cuitláhuac, Zongolica, Tequila y comunidades de la conurbación.
Actualmente, la única referencia es la Casa de Guernica, ubicada en Xalapa, hasta donde deben trasladarse pensionados incluso desde Perote, Naolinco y Emiliano Zapata. Llevar este modelo a Orizaba permitiría acercar servicios de salud física y mental, talleres ocupacionales, espacios recreativos y programas de activación para una población que se encuentra en el abandono institucional.
Otro dato que golpea la versión del alcalde: el edificio donde operó el ex psiquiátrico no está en manos del INAH o del gobierno del estado, como se ha insinuado de manera confusa. La decisión recae en el IMSS-Bienestar nacional, y que pudieran ser transferidos a la Secretaría de Salud de Veracruz. Y la condición es clara: debe destinarse a fines de salud, por lo que una Casa del Pensionado cumple plenamente con ese objetivo, a diferencia de un corredor comercial encubierto.
Si se autoriza que este inmueble termine en manos de un alcalde con antecedentes de uso discrecional del patrimonio público, los afectados advierten que acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las instancias legales correspondientes para denunciar lo que califican como un acto de despojo institucionalizado.
Aquí no se discute un simple edificio: está en juego la dignidad de quienes trabajaron toda su vida para el Estado, frente a la ambición de un presidente municipal que considera a Orizaba como la extensión de sus empresas privadas.
