De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.— A pesar de las múltiples denuncias por violencia familiar, retención ilegal de menores, amenazas e intimidación, ninguna autoridad ha protegido a Isabel N, madre de cuatro hijas menores, una de las cuales permanece retenida por su agresor. La impunidad se sostiene gracias a una red de complicidades institucionales, encabezada por la Fiscalía Regional zona Centro y el DIF municipal de Córdoba, quienes han sido omisos, negligentes e incluso permisivos.
Desde octubre de 2023, Isabel inició un largo y doloroso peregrinar legal para recuperar la custodia de sus hijas y obtener medidas de protección ante las constantes agresiones físicas, psicológicas y económicas ejercidas por su aún esposo, Francisco Cándido García Córdoba, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, con respaldo sindical y protección política.
Una justicia que no llega… y una audiencia que nunca ocurre
La carpeta 1310/2023, radicada inicialmente en la Fiscalía Cuarta a cargo de Vianney Guadalupe, fue judicializada hasta junio de 2024 bajo el número 481/2024, en la sala 1 del Juzgado ubicado en La Toma, con la jueza Jennifer García Reyes. Sin embargo, tras más de un año, la audiencia inicial continúa sin realizarse.
El proceso ha sido saboteado sistemáticamente por la defensa del agresor, encabezada por los abogados Noé Flores Cortés (ex colaborador del jurídico de la síndica única del ayuntamiento de Córdoba, Vania López) y Miguel Ángel Martínez Blanco, quienes incluso han involucrado a familiares como testigos para tardar procedimientos, al incluir a la pareja sentimental de Flores Cortés; Noemí Álvarez como testigo.
Mientras tanto, Isabel N, continúa sin recuperar a su hija mayor, que permanece bajo el cuidado del agresor, esto a pesar de que tras haber sido sustraída por su padre fue encontrada por autoridades deambulando en la calle.
