Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Ante la omisión institucional, agrupaciones civiles como Ola Celeste Córdoba atienden las secuelas psicológicas de niñas violadas y mujeres que fueron obligadas a abortar, mientras el DIF y SIPINNA acumulan convenios sin efecto y respuestas evasivas.
En los primeros dos meses de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 60 víctimas menores de edad en carpetas de investigación por delitos como violencia familiar, abuso sexual y homicidio sólo en este municipio.
A nivel nacional, las hospitalizaciones por violencia sexual contra niños y adolescentes dentro de escuelas aumentaron 1,062 % entre 2010 y 2024, al pasar de 21 a 244 casos, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Ocho de cada diez víctimas fueron mujeres.
En Córdoba, el registro de nacimientos con madres menores de edad ofrece una ventana a la dimensión oculta del abuso sexual infantil. Entre enero de 2025 y febrero de 2026, el Registro Civil municipal inscribió a 95 recién nacidos cuyas madres tenían menos de 18 años al momento del registro. En ese periodo hubo dos partos de niñas de 13 años, seis de 14 años y ocho de 15 años. La existencia de una madre de 13 años representa, por sí misma, una alerta de violación que la ley obliga a investigar.
Sin embargo, la respuesta oficial del ayuntamiento, firmada por el titular del Registro Civil, Martín García Páez, reconoció el desdén institucional: “En relación al punto 3, no existe protocolo, no se canalizó ningún caso al Sistema DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fiscalía, ni a SIPINNA.”
“Los papás dan permiso y los centros de salud no reportan”: el testimonio de Cristina Contreras Meneses.
La organización civil Ola Celeste Córdoba, encabezada por Cristina Contreras Meneses, atiende desde hace años las consecuencias de este vacío institucional. En una entrevista, Contreras Meneses describió un patrón que las autoridades locales ignoran: niñas de trece años que se emparejan con hombres de treinta, padres que dan permiso porque “es la novia” y centros de salud que no reportan los embarazos infantiles a la Procuraduría de Protección de Menores.
“Lo peor no es eso, señaló, lo peor es que los papás dan permiso. Y de estos cómplices también los centros de salud, porque se supone que un centro de salud, si ve que llega una menor embarazada de menos de dieciséis años, tiene que hacer el reporte a la procuraduría de la defensa del menor, y no hacen el reporte.”
La representante de Ola Celeste agregó que el DIF municipal existe, pero la atención no llega a la víctima no acude por sí misma a denunciar. “El tema es que tienes que ir. La gente no lo hace.”
Puso un ejemplo concreto: “En el centro de salud de una comunidad de Chocamán llega una muchachita de catorce años embarazada, le dan seguimiento o llega con una persona de treinta y no avisan porque el mismo doctor te dice: ‘es que vinieron los papás y también están de acuerdo, y su esposo y vive con ella’. Pero el otro tiene treinta años. No manches.”
