De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El abandono institucional del ayuntamiento de Córdoba ha convertido los campos deportivos de la Liga Infantil “30 Caballeros” en un polvorín legal y social. La disputa por el predio de cinco hectáreas, donde durante años se formaron jóvenes beisbolistas, ha escalado ante la pasividad de las autoridades municipales que no han clarificado la situación jurídica del terreno.
El conflicto estalló cuando Guillermo Alvarado Morales se autoproclamó “comodatario” designado por Filiberto López Pacheco, quien reclama ser dueño privado del terreno. Alvarado Morales, figura cuestionada en el ambiente deportivo local, sostiene que el comodato municipal habría vencido. Sin embargo, su historial genera desconfianza: fue expulsado de ligas como Williamsport y enfrenta acusaciones de lucrar con el beisbol infantil en Yanga.
El pasado lunes, la tensión llegó a su punto crítico cuando Alvarado irrumpió en una conferencia de prensa convocada por dirigentes deportivos, afirmando tener derechos sobre el terreno por 25 años. El incidente forzó la retirada de los representantes de la liga, evidenciando el clima de confrontación que las autoridades han permitido gestarse.
Lo grave es que este caos no es nuevo. La ausencia crónica de autoridad en espacios deportivos municipales había generado enfrentamientos previos, mientras el ayuntamiento destinaba recursos públicos a mejorar instalaciones cuya propiedad nunca aclaró. Presidentes de ligas denuncian un despojo encubierto y exigen solución inmediata. En tanto, la Liga “30 Caballeros” suspendió actividades, dejando a cientos de niños sin acceso al deporte. En redes sociales, ciudadanos como José González cuestionan las intenciones de Alvarado: “No viene a hacer caridad, viene a quitar dinero a la pobre gente”. Otros, como Rafa Montalvo, lamentan el deterioro desde la gestión anterior.
La omisión deliberada del ayuntamiento al no resolver este conflicto, a pesar de asegirra poseer las escrituras, configura un caso de negligencia institucional. Cada día que pasa sin acción gubernamental no solamente perjudica el desarrollo deportivo infantil, sino que normaliza la violencia y el caos en espacios que deberían ser refugios para la niñez cordobesa.
