De la redacción
El Buen Tono
Xalapa.- La corrupción que marcó el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez volvió a quedar al descubierto. En la Cuenta Pública 2024, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asignó contratos por más de 120 millones de pesos sin cumplir con los procedimientos legales, beneficiando a empresas radicadas en Sinaloa y Nuevo León, entidades señaladas por su vínculo con el crimen organizado.
Durante el último año del exgobernador, la SSP —a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla— firmó convenios millonarios para rentar camionetas blindadas, con costos diarios de hasta 22 mil pesos, y sin justificación documental. En varios de los contratos aparece el nombre de Miguel Cortés Jerónimo, jefe de la ayudantía del entonces gobernador, lo que confirma el control directo desde Palacio de Gobierno sobre las operaciones de la dependencia.
Las arrendadoras beneficiadas —CD Carol S.A. de C.V., Hn Carcereri S.A. de C.V. y TPS Rental S.A. de C.V.— están registradas en Culiacán, Sinaloa; San Pedro Garza, Nuevo León; y Emiliano Zapata, Veracruz, lo que levanta sospechas sobre la procedencia y legalidad de los recursos.
En total, la SSP pagó más de 6 millones de pesos por la renta de vehículos que incluían Suburban, Tahoe, Durango, Explorer y camionetas blindadas, sin acreditar el proceso de licitación pública.
A ello se suman contratos con Toka Internacional S.A.P.I. de C.V., por 100 millones de pesos para el suministro de combustible mediante monederos electrónicos, sin autorización del Subcomité de Adquisiciones. En total, la Secretaría ejerció 7 mil 246 millones de pesos, incrementando el rubro de “servicios generales” de 379 millones a más de 1,400 millones, una cifra desproporcionada y sin sustento operativo.
El ORFIS recomendó iniciar procedimientos administrativos por el incumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, y por el uso irregular de recursos públicos. Sin embargo, no se han fincado responsabilidades a los funcionarios involucrados, incluyendo a Rocío de Abril Torres Polo, jefa de la Unidad Administrativa de la SSP.
El gobierno de Cuitláhuac García se caracterizó por su discurso anticorrupción, pero los resultados financieros lo desmienten: contratos opacos, empresas con domicilios cuestionables y recursos destinados a fines políticos y personales. A ello se suma la presunta relación de altos mandos con redes criminales, que operaron con total impunidad bajo el amparo institucional.
Hoy, la corrupción y el desvío de recursos en la Secretaría de Seguridad Pública confirman la decadencia administrativa y moral del gobierno pasado, un sexenio donde la seguridad se convirtió en negocio y los recursos públicos en botín.
