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Agencias

Estado de México. – La autoridad judicial aprobó que Carlota “N”, conocida como “Doña Carlota”, cumpla su proceso penal por el doble homicidio en Chalco desde prisión domiciliaria. La medida se otorgó tras un amparo promovido por su defensa, que argumentó su edad de 74 años y padecimientos de hipertensión y diabetes mellitus tipo 2.

El juez de Distrito estableció condiciones para que Carlota pueda salir a la brevedad: garantía económica de 250 mil pesos, no contar con pasaporte y acudir a los juzgados cuando sea requerida, entre otros requisitos que deben cumplirse en un máximo de tres días. Su hijo, Arturo Santana, celebró la decisión y adelantó que su madre regresará a casa entre viernes y sábado.

El conflicto se originó en marzo de 2025, cuando Carlota y sus hijos acudieron a una vivienda de la unidad habitacional Candelaria Tlapala, en Chalco, para desalojar a presuntos invasores. Al resistirse, Carlota disparó, provocando la muerte de Justin Márquez, de 19 años, y de su padre, Esau Márquez, de 51, así como lesiones a un menor de 15 años cuya identidad se mantiene resguardada. Sus hijos, Mariana y Eduardo, continúan en prisión por su participación en los hechos.

Desde febrero, tras la sentencia de seis años contra uno de los invasores, la familia confía en que la acción legal a favor de Carlota confirme que actuó en legítima defensa de su patrimonio. Además, la disculpa pública del invasor y el reconocimiento de los hechos respaldan su versión.

El caso ha generado alertas en el Estado de México, ya que impulsó la “Operación Restitución”, una estrategia de autoridades estatales y federales para combatir el despojo y la invasión de inmuebles. Desde su implementación, se han asegurado 1,695 inmuebles en 66 municipios y se han realizado 947 devoluciones a propietarios que acreditaron la tenencia de sus viviendas.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa buscando a Katerin Daniela “N”, quien se encuentra prófuga, mientras que Lourdes Yohanna “N” ya está interna en el Centro Penitenciario Molino de las Flores por su presunta participación en los hechos.

La familia insiste en que la acción de Carlota fue en defensa propia y de su patrimonio, y celebra la decisión judicial que le permite continuar el proceso desde su domicilio, cumpliendo con la justicia y respetando sus derechos humanos.

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