A pesar de que el Reglamento Municipal le otorga facultades de inspección y sanción, el área a cargo de la bióloga Tayde González López se ha limitado durante nueve años a plantar árboles y promover el reciclaje, sin que existan multas por contaminación.
De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver. — Mientras el discurso oficial presume eventos de reforestación y programas de reciclaje, un análisis de las obligaciones legales y las respuestas a solicitudes de transparencia revela que la Jefatura de Protección Ambiental de Córdoba opera con un enfoque meramente promocional, abandonando sus funciones de autoridad.
La bióloga Tayde Elizabeth González López, quien ha permanecido al frente del área durante tres administraciones municipales (2018-2021, 2021-2024 y la actual 2025-2029), concentra la comunicación oficial en actividades de bajo impacto: siembra de árboles, pláticas escolares y convenios con empresas para “adoptar” áreas verdes.
Las funciones que la ley exige… y que no se ven
Sin embargo, el Reglamento Municipal de Protección Ambiental (publicado el 22 de mayo de 2014) establece un marco de acción mucho más amplio que la siembra de árboles. Según sus artículos, el área de Ecología está obligada a:
Realizar visitas de inspección a establecimientos contaminantes como talleres mecánicos, restaurantes y lavanderías; aplicar sanciones económicas (multas de 20 a 500 veces el salario mínimo), clausuras e incluso arresto administrativo por infracciones ambientales (Artículo 69); controlar la disposición final de residuos de manejo especial como aceites y llantas, llevando un inventario detallado (Artículos 36 y 41); evaluar el impacto ambiental de nuevas obras o actividades comerciales (Artículos 6-10); dar seguimiento a las denuncias ciudadanas por contaminación (Artículos 58-61).
La transparencia revela la omisión
Una solicitud de información (folio 950546126000170) respondida por la propia González López el 17 de febrero de 2026 expone la falta de resultados:
·Sobre inspecciones a giros contaminantes, el área no entregó un solo informe. Se limitó a señalar que las inspecciones se hicieron “en el marco de la competencia municipal”.
En cuanto a sanciones, la respuesta fue contundente: “No hubo sanciones” en 2025 y lo que va de 2026. Afirmaron que solo emiten “apercibimientos”, pero tampoco entregaron registros de ellos.
Respecto a residuos de manejo especial, anexaron un único manifiesto de aceite, ilegible, y no reportaron control sobre llantas o residuos electrónicos en 2026.
Sobre el programa de educación ambiental, admitieron que en 2025 “no tenían un programa formal”, contradiciendo la obligación legal de contar con una Coordinación de Educación Ambiental (Artículo 16).
