AGENCIA
Quito.- Los ecuatorianos se pronunciaron mayoritariamente en una consulta popular para cerrar un campo petrolífero en una zona de alta biodiversidad de la Amazonía y para prohibir la explotación minera a todo nivel en el Chocó Andino, el bosque tropical del entorno de la capital.
En los comicios del domingo, con un total de 13.45 millones de electores convocados, seis de cada 10 ecuatorianos, el 58.99 por ciento (%), votaron a favor ante la pregunta de: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo?”.
Esto quiere decir que en el plazo de un año, el gobierno ecuatoriano debe desmontar la infraestructura petrolífera que lleva 10 años extrayendo crudo en una zona del Parque Nacional del Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989.
Ese campo se encuentra en una área concreta de la selva amazónica ecuatoriana conocida como Yasuní ITT, considerada por los científicos como una de las más biodiversas del mundo y de vital importancia para la conservación ambiental y animal, la generación de agua y la regulación del clima.
El área, de cerca de un millón de hectáreas, alberga 610 especies de aves, 139 de anfibios y 121 de reptiles. Al menos, tres especies son endémicas de la zona. El Parque Nacional del Yasuní es además el hogar de dos comunidades indígenas en autoaislamiento, los Tagaeri y los Taromenani.
Curiosamente, en dos provincias amazónicas de Ecuador ganó el “no”, esto es, Orellana y Sucumbíos se pronunciaron en apoyo a que mantenga la extracción de petróleo en el Yasuní.
De allí se extraen 57 mil 466 barriles de crudo diarios que, según los cálculos oficiales, el año pasado dejaron a las arcas fiscales utilidades netas por mil 200 millones de dólares. Ecuador produce cerca de medio millón de barriles de petróleo al día.
Para desmontar esas instalaciones los técnicos de la empresa estatal Petroecuador calculan que se requieren 467 millones de dólares.
En la otra consulta popular que se dirimió el domingo acerca de la prohibición de la minería de pequeña, mediana y gran escala en el Chocó Andino, el 68 por ciento de los votantes de la capital y alrededores -a quienes iba dirigido el referéndum- se pronunciaron en contra de la actividad minera en los bosques andinos de alrededor de Quito.
Como un “hito histórico” consideraron activistas ecológicos ambos resultados, lo que representa un consenso nacional en favor del ambiente. “Mientras los políticos nos dividen, la naturaleza nos une”, dijo a The Associated Press, Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, el grupo que por 10 años batalló en los tribunales para llevar adelante la consulta popular acerca del petróleo.
Además, desmontó el argumento oficial de las pérdidas económicas que se derivarán de la renuncia a extraer crudo. Son “un mito”, apostilló Bermeo, porque en más de 50 años de explotación petrolera “esa riqueza no ha llegado a los ecuatorianos” y se ha quedado en las compañías petroleras. Aseguró que esto es importante para el planeta que atraviesa una crisis climática “grave”.
El Ministro de Energía, Fernando Santos, ya había señalado que el petróleo que se extrae del Yasuní “es más pesado, pero aun así es rentable” y que producir un barril de ese crudo “cuesta entre 20 y 25 dólares por barril y su precio de venta es de 55 dólares”. Sin embargo, analistas señalan que el costo de producción no llega a 20 dólares.
Petroecuador, en un comunicado, aseveró que atendiendo al pronunciamiento de los ecuatorianos “coordinará todas las acciones pertinentes… para acatar a cabalidad la decisión soberana”.
Para la construcción del campo petrolero hace 10 años, se requirió a una inversión de mil 900 millones de dólares, que ya han sido amortizados con la producción de crudo. Tiene reservas por mil 670 millones de barriles.
Los resultados evidencian que hay una nueva agenda entre los votantes jóvenes, particularmente, porque tienen “otra conciencia hacia las prioridades estatales”, consideró el catedrático de Universidad Internacional UISEK, Esteban Ron, en declaraciones a la AP.
Los temas ecológicos, ambientales, de soberanía alimentaria y biodiversidad son ahora las prioridades y “no las antiguas formas de Estado”, opinó.
