Xalapa, Ver., 24 de enero de 2026.— Ante la creciente escasez del agua, un derecho humano esencial al que no todos tienen acceso, el país enfrenta un conflicto hídrico que deberá ser atendido mediante la nueva Ley del Agua, advirtió el abogado Octavio Ruiz Méndez.
Durante la conferencia “Uso, gestión y manejo del agua”, el especialista explicó que el acceso al agua se encuentra reconocido como derecho humano en el artículo 4º constitucional, con características de universalidad y progresividad, además de estar respaldado por convenios y tratados internacionales suscritos por México.
Señaló que la regulación del agua implica una alta complejidad jurídica y social, ya que confluyen derechos individuales, colectivos y productivos, particularmente en sectores como el agrícola, donde los trámites para concesiones son cada vez más restrictivos y requieren acompañamiento técnico y legal.
Ruiz Méndez subrayó que la nueva legislación busca garantizar el derecho humano al agua, pero advirtió que la existencia de leyes no siempre se traduce en justicia social, por lo que es indispensable incorporar la realidad de las comunidades afectadas dentro de la planeación y toma de decisiones.
“Si no se socializan estas iniciativas y no se construyen desde las realidades locales, seguiremos teniendo normas que, en el papel, parecen suficientes, pero que en la práctica no resuelven los conflictos”, sostuvo.
El abogado destacó la importancia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y la justicia socioambiental, especialmente en disputas relacionadas con recursos naturales, las cuales —dijo— se encuentran entre los principales conflictos sociales a nivel nacional e internacional.
En este contexto, resaltó la figura de los facilitadores y mediadores certificados, quienes podrán intervenir en conflictos colectivos relacionados con el agua, en coordinación con comunidades, organizaciones sociales y autoridades, conforme a la Ley General de Mecanismos Alternativos.
Indicó que estos procesos requieren un enfoque interdisciplinario, en el que participen no solo abogados, sino también profesionistas de áreas técnicas, científicas y sociales, capaces de construir acuerdos con legitimidad y enfoque de justicia ambiental.
Finalmente, advirtió que el agua ha dejado de ser únicamente un recurso natural para convertirse en una de las principales fuentes de conflicto social, por lo que llamó a fortalecer las políticas públicas, la participación ciudadana y la mediación colectiva para garantizar un acceso equitativo y sostenible.
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