De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver. – La síndica Vania López González, otorgó un contrato por $2,088,000 pesos a la empresa chiapaneca “Consultoría Inteligente Multidisciplinaria y de Asistencia, S.C.”, ligada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para servicios cuya ambigüedad técnica contrasta con el monto millonario y los vínculos políticos.
Desde un inicio las autoridades municipales justificaron entonces el proyecto como una medida para “ordenar el estacionamiento” y mejorar la movilidad urbana. Sin embargo, una década después, las dudas sobre el verdadero destino de los recursos recaudados, que superan los 47 millones de pesos en fideicomiso, se intensifican ante recientes contrataciones opacas.
El contrato AD/09/FISCALES/2024/01, firmado el 27 de febrero de 2024 junto al alcalde Juan Martínez Flores y con toda la comparecencia de la Síndica Vania López González, se justificó para realizar “análisis, estudio, revisión y emisión de determinaciones” sobre el fideicomiso público de parquímetros.
Pero en ningún momento se informó a la ciudadanía sobre la real finalidad de este servicio millonario, ni se explicó por qué el Ayuntamiento, que cuenta con una Tesorería, una Síndica y un Órgano de Control Interno, necesitaba pagar 2 millones de pesos a un externo para revisar lo que sus propias áreas deberían auditar.
UN SERVICIO ABSURDO: UNA JUSTIFICACIÓN INEXISTENTE
Los servicios pactados, detallados en la cláusula primera del documento, carecen de indicadores verificables: “elaboración de análisis preliminar”, “propuesta de mesas de trabajo”, “presentación de estrategia preliminar”, “implementación de estrategia y táctica” y “cumplimiento de objetivos” (sin metas cuantificables).
Resulta absurdo que, para revisar un fideicomiso que ya tiene un Comité Técnico y un Comité Ciudadano de Vigilancia, se gaste una suma tan elevada en consultorías externas.
La propia síndica López González, mediante oficio SU/002/2024, promovió personalmente este contrato, a pesar de que su función constitucional es vigilar el uso de los recursos, no derivarlos a empresas de dudosa especialidad.
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL MANTO DE LA OPACIDAD
Uno de los puntos más graves del contrato es su cláusula de confidencialidad, que obliga a la empresa a no divulgar “por medio alguno” la información generada. En lugar de fomentar la transparencia, esta cláusula funciona como un candado legal para ocultar posibles hallazgos incómodos: irregularidades en el fideicomiso, cláusulas lesivas para el municipio, desvíos o malversación.
