**El alcalde de Córdoba presentará un último informe marcado por omisiones, silencio e irregularidades en el uso del dinero público, con contratos millonarios otorgados sin licitación, gastos suntuosos y un manejo discrecional de fondos federales y municipales
Tinta Ácida
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- El último informe de gobierno del alcalde de Córdoba, Juan Martínez Flores, se perfila como un ejercicio de evasión. Lejos de rendir cuentas, el presidente municipal optará por omitir los temas centrales de su administración: La asignación discrecional de contratos, el desfalco en áreas clave y la red de complicidad encabezada junto con la Síndica Única, Vania López. La gestión cierra marcada por un legado de silencio y falta de transparencia.
Entre enero y septiembre, el Ayuntamiento adjudicó de manera directa más de 7 millones de pesos en contratos, evitando los procesos de licitación pública que exige la ley. En lugar de abrir concursos transparentes, los funcionarios recurrieron sistemáticamente a excepciones legales para entregar recursos sin competencia real, lo que genera sospechas sobre el manejo de fondos federales y municipales.
Uno de los ejemplos más evidentes es el rubro de alumbrado público. La administración entregó 4.2 millones de pesos en seis contratos de rehabilitación sin cumplir con todos los requisitos legales ni justificar su necesidad presupuestaria. Estos recursos se distribuyeron entre un pequeño grupo de proveedores, incluyendo un contrato otorgado a Juan Fernando Martínez Mitre. Las operaciones se realizaron en el último tramo del gobierno, utilizando fondos como el Faismun, sin claridad sobre su destino final.
La situación financiera se agrava con el desfalco y la falta de funcionamiento del sistema de parquímetros. El Alcalde no aclarará por qué los recursos de movilidad permanecen sin transparencia, mientras en su equipo se aprobaron gastos injustificados. La Síndico Único, Vania López, autorizó la compra de celulares de alta gama, incluidos iPhones de hasta 17 mil pesos para personal cercano, un lujo pagado con recursos públicos pese a que el sistema de parquímetros continúa inoperante.
Y peor aún: El programa de parquímetros, que debía destinarse a obra pública, se usó para financiar banquetas que siguen sin terminar, mientras las calles permanecen llenas de baches y el Mercado sigue incompleto.
A esto se suma el gasto millonario en despachos externos y consultorías. La administración destinó más de 3 millones de pesos para supervisión de obras financiadas con el Faismun y otorgó un contrato a “Burgos Cervantes y Asociados, S.C.” para servicios presuntamente destinados a evitar el escrutinio público. El Ayuntamiento incluso entregó un anticipo de 929 mil 168 pesos por un servicio no devengado, lo que representa un riesgo fiscal evidente.
Martínez Flores tampoco transparentará los costos reales de obras como la rehabilitación de la Calle 9, financiada con recursos de parquímetros. Las adjudicaciones opacas y la ausencia de supervisión impiden conocer si hubo sobrecostos o inflación. La falta de claridad alimenta dudas sobre posibles incrementos injustificados destinados a beneficiar a contratistas favorecidos por la administración.
El informe final también omitirá problemas como los 500 expedientes laborales sin resolver y el estado crítico del Centro de Bienestar Animal. Aunque hace unos meses se anunció un supuesto presupuesto para rescatar el CBA, jamás se ejecutó; el lugar sigue operando prácticamente gracias a la caridad y sin apoyo real del Ayuntamiento.
La administración concluye con una ciudad deteriorada, millones gastados sin claridad y una lista de escándalos que la próxima gestión deberá enfrentar sin las herramientas básicas de transparencia que este gobierno decidió ignorar.
