Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver. – El saldo de la administración del alcalde Juan Martínez Flores se mide por un triple señalamiento en materia de derechos humanos. Su legado, ahora bajo escrutinio nacional e internacional, está definido por tres escándalos graves: el uso desproporcionado de la fuerza contra migrantes, un caso de corrupción y abuso de autoridad encubierto desde la cúpula, y un proceso inédito ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Juntos, estos casos exponen un patrón de violencia institucional y opacidad que ha marcado su gobierno.
EL DISPARO CONTRA MIGRANTES: LA RECOMENDACIÓN NACIONAL DE 2023
El primer caso que proyectó a Córdoba en la mira nacional ocurrió en octubre de 2022, pero su resolución formal llegó en 2023. Un policía municipal disparó su arma contra una camioneta con personas migrantes, lesionando a una mujer cubana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 94/2023, determinando que se hizo un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza. Este hecho, ocurrido bajo el mando de Martínez Flores, evidenció por primera vez de manera oficial la peligrosa tendencia al abuso dentro de las corporaciones municipales a su cargo.
CORRUPCIÓN Y ENCUBRIMIENTO: LA SEGUNDA RECOMENDACIÓN ESTATAL EN 2025
El patrón de abuso se profundizó con un caso de corrupción y encubrimiento institucional. En 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió la contundente Recomendación 66/2025, dirigida directamente contra el propio presidente municipal Juan Martínez Flores, la síndica Vania López González y el contralor Lauro Ramos Olmos. El caso, iniciado en 2023, reveló un abuso de autoridad por parte de Tránsito Municipal y, lo más grave, la omisión deliberada de la cúpula para investigarlo y sancionarlo. Esta fue la segunda recomendación formal por violaciones a derechos humanos recibida por esta administración, consolidando una imagen de desgobierno.
EL ESCALOFRIO INTERNACIONAL: EL AYUNTAMIENTO ANTE LA CIDH EN 2025
La consecuencia más severa de esta acumulación de señalamientos es el proceso inédito que ahora enfrenta el Ayuntamiento ante el Sistema Interamericano. En mayo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la petición P-1011-25 en su contra. La demanda, promovida por la sociedad civil, busca un hecho histórico: responsabilizar individualmente a funcionarios municipales, incluyendo al alcalde, por presuntas violaciones a derechos humanos. De progresar, este caso convertiría a Córdoba en un ejemplo de cómo la impunidad local puede ser llevada ante instancias internacionales.
