Superiberia
  • Por Andrés Timoteo / Columnista

REGINA, NUEVE AÑOS
Era el principio del otoño 2013, pero la verde Asturias ya se había pintado de amarillo y rojo, las hojas caídas formaban alfombras crujientes en aquel jardín de Oviedo, ubicado sobre la calle llamada Paseo Veracruz. Es una vía pequeña, una cuadra o cuadra y media a lo mucho, muy cerca del sicodélico Palacio de Exposiciones ovetense. Ahí, sobre el césped y con abetos de fondo está una roca con una placa metálica que hace recordar la tragedia acontecida al otro lado del océano.
La placa, en negro y plata, dice: “OVD, Ayuntamiento de Oviedo a Regina Martínez Suárez, periodista asesinada en Veracruz (México) el 28 de abril de 2012. En reconocimiento a los periodistas y a la importancia de su labor profesional para el desarrollo de la democracia”. El monumento fue diseño del arquitecto Santiago Calatrava y se había inaugurado en febrero de ese año.
La ciudad de Oviedo, en ese entonces gobernada por Agustín Iglesias Caunedo, hizo el homenaje a la periodista veracruzana y es la única urbe donde existe un monumento para recordarla. Ni en Jalapa, donde realizó su vida profesional, Regina tiene un espacio a su memoria. Compañeros llaman “Plaza Regina” a la que está frente a palacio de gobierno oficialmente identificada como “Sebastian Lerdo de Tejada”, pero los tres últimos mandatarios estatales han combatido la idea.
Con Javier Duarte, bajo cuya gestión se perpetró el crimen, nunca se permitió siquiera la alusión de rebautizar dicho espacio. Algunos colegas y organizaciones civiles elaboraron una pequeña placa con el nombre de Regina y la colocaron en los escalones de la plazoleta pero Duarte mandó a quitarla, de noche como actúan los malhechores. Dos veces la recolocaron y dos veces más la expoliaron.
Con el panista Miguel Ángel Yunes tampoco se pudo dedicar esa plaza a pesar de que algún tiempo él se dijo amigo personal de la reportera sacrificada. Nunca tuvo voluntad para ocuparse de su caso, no reabrió el expediente judicial ni mucho menos le allegó justicia. Y con Cuitláhuac García menos, pues su intolerancia e indolencia es casi comparable a la que imperó en el duartismo.
En aquel otoño del 2013, siete meses después de haber sido colocado, fui a Oviedo para ver el monolito en homenaje a Regina -una disculpa al lector por narrar en primera persona-. Recuerdo que lloviznaba y el viento hacía de las suyas con la hojarasca. Al pie de esa piedra hice una oración y dejé un ramillete de rosas como ofrenda. No pude ir a despedirla al panteón jalapeño y lo hice un año después al otro lado del mundo.
Es necesario el ritual para honrar a nuestros muertos, debemos tener un lugar donde llorarles y rezar, es parte de la aceptación de lo incambiable. Lo hice en Oviedo. Pero Regina no necesita lágrimas ni rezos, ella está más allá de eso porque ahora habita en el Edén. Acá en la tierra, los que nos quedamos y sobre todo los periodistas, sus contemporáneos a los que nos la arrebataron, sí necesitamos justicia a su nombre, a su memoria, porque obteniéndola se reivindica y sana todo el gremio.
No la hay en la parte judicial. Diversas organizaciones han exigido la reapertura del expediente judicial y revisar todo el proceso que fue manoseado por el duartismo e ignorado por el yunismo y el cuitlahuismo, pero no se avanza. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar el caso hace ya cinco meses y nada se mueve. Los gobernantes dan largas, no les interesa.
Hoy miércoles ya son nueve años de que le quitaron la vida a Regina para callarla y sus asesinos siguen sueltos. A nosotros nos queda mantener la exigencia y conservar la memoria. No olvidar es parte de la resistencia y nuestra contribución a una justicia simbólica. “Descansa querida Regina, ya estás lejos de los que te dañaron, ya no pueden hacer más”, susurré frente a su monolito en aquel otoño asturiano.

EL OFICIO DE REBUZNAR
‘Honorable congreso de los burros”, así debería llamarse la actual Legislatura del estado. No paran de cometer pifias, no saben legislar ni se preocupan por aprender. Tampoco se rodean de expertos en la materia e imponen arbitrariedades que luego caen por los suelos. Son una vergüenza los integrantes del Congreso local. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la disolución del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, ubicada en la Sierra de Zongolica -ahí en la zona centro- y disolvió el Concejo Municipal nombrado en junio del 2019.
¿Quiénes encabezan la manada? De entrada, dos externos, del Ejecutivo, el que promovió la desaparición de poderes, Cuitláhuac García y su operador Patrocino Cisneros. De los propios, el entonces presidente de la mesa directiva, José Manuel Pozos Castro -hoy candidato de Morena a la alcaldía de Tuxpan- y el tuxtleco Javier Gómez Cazarín, titular de la Junta de Coordinación Política, además de todos los diputados morenistas que aprobaron el entuerto junto con los priistas.
Entre esos orejones están los parlamentarios de la zona centro: Rubén Ríos Uribe, quien presidía la Comisión Instructora que elaboró el dictamen para la desaparición de poderes -vaya, por eso le llaman “Burrén” al fallido precandidato cordobés-, Augusto Álvarez Pellico -hoy candidato en Ixtaczoquitlán-, Víctor Vargas Barrientos, Cristina Alarcón y María Candelas. La Suprema Corte nuevamente les corrigió la plana, ya van 19 leyes que les tumba porque son inconstitucionales. Recuerden que el año pasado les echaron abajo la reforma electoral.
Los ministros también declararon ilegal la intervención de la tesorería en el ayuntamiento mixtleco, pero el asunto es que la corrección llega tarde. Ya casi pasaron dos años de que se le metió mano a la caja de los dineros y de que nombraron al Concejo Municipal cuyos integrantes, encabezados por Crispín Hernández Sánchez, han cometido toda clase de abusos y tropelías. Ahí en Mixtla de Altamirano se cumplió lo que dicen los abuelos del pueblo: salió peor el remedio que la enfermedad, pues los concejales llevan dos años robándose el erario.
El brete no es pequeño pues difícilmente se resarcirá el daño financiero. Ahora que ya están destituidos los concejales se les debe llevar ante los tribunales porque abundan los señalamientos de sus actos de corrupción. Igualmente se tendrá que restituir el ayuntamiento llamando a Margarita Montalvo Acahua, suplente de la finada alcaldesa Maricela Vallejo Orea -asesinada hace dos años, el 25 de abril del 2019- , al suplente del síndico Ricardo Pérez Marcos pues éste ahora está en prisión acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Vallejo Orea, y a la regidora Valentina Temoxtle Flores.
La cosa pública está muy descompuesta en Mixtla de Altamirano porque a los que pusieron de concejales resultaron unos pillos. La muestra más evidente es el caso de Crispín Hernández, el presidente, quien impuso a su hermana Norma Esthela Hernández, como candidata de Morena a la alcaldía -o sea que tomó el ayuntamiento como si fuera propiedad familiar y pretende heredar la silla- y no solo usa recursos públicos para promoverla y comprar votos sino que ha llegado al extremo de amenazar de muerte, pistola en mano, a los ciudadanos que se oponen a la transferencia de poderes entre los parientes y que han denunciado el saqueo de las arcas municipales.
La pifia de Mixtla de Altamirano se les volteó a los que la diseñaron y aprobaron. Por lo pronto, el gobernante en turno, Cuitláhuac García se ‘lavó las manos’ argumentando que es culpa del Congreso local y hasta negó haber solicitado la desaparición los poderes municipales. Sin embargo, existe un documento, el número 304/2019 de fecha 19 de junio de 2019, firmado de su puño en el que pidió a los diputados disolver el ayuntamiento alegando ingobernabilidad, falta de orden, paz social y seguridad. Hoy, con tal de zafarse del escándalo lo niega todo. Caso de risa: entre los pollinos se pisan las pezuñas.

CÁTEDRA PORFIRIANA
Continuando en el tema de los excesos e ilegalidades pero ahora a nivel federal, si alguien siguió el largo debate en la Cámara de Diputados por las reformas al Poder Judicial, el pasado 22 de abril y que se extendió hasta la madrugada del 23, habrá escuchado la cátedra que dio el veterano legislador Porfirio Muñoz Ledo, quien a sus 87 años sigue lúcido, con la mente preclara y experto en el derecho y en el arte de la tribuna. Le dio tremendo repasón al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus incondicionales que se empeñan en violar la Constitución. “México no es Macuspana”, dijo en referencia a la comunidad nativa del tabasqueño.
Es decir, que no quiera convertir al país en un rancho donde manda el ‘machuchón’ atropellando la ley.  A los que propusieron -el presidente- y defendieron -los diputados y senadores que además votaron a favor- ampliar dos años el periodo del magistrado Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les señaló el perjurio cometido porque al rendir protesta en sus encargos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. El cumplimiento del orden constitucional es uno de los principales elementos de la democracia y sí no se hace se cae en autoritarismo y en actos delictivos.
“Y la democracia necesita demócratas”, les recordó a los presentes. Una de las diputadas que cuestionó al exponente vía telemática fue la veracruzana Mariana Dunyaska García, a quien Muñoz Ledo reconoció y apapachó, pese a ser de corriente política distinta. Ella le consultó sobre los mecanismos para enfrentar el “retroceso autoritario” con la aprobación de la enmienda para que Zaldívar se quede dos años más como magistrado presidente del Poder Judicial.
La respuesta fue fácil: la democracia es la solución y a ella hay que cuidarla todos los días. Claro, la democracia por sus dos vertientes. Una, la jurídica, que los ministros de la Suprema Corte la defiendan declarando inconstitucional lo aprobado y, dos, la democracia electoral donde a los ciudadanos deben castigar en las urnas a los violadores de la Constitución. Tal fue el tiro-fijo en la cátedra porfiriana.

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