Los presupuestos expresan visiones nacionales, concretan en el gasto público las orientaciones de un programa de gestión o un curso de acción colectiva al que las autoridades convocan a la sociedad. La distribución de las erogaciones gubernamentales estructura las prioridades inmediatas y condiciona las acciones futuras de impulso, regulación, control, acompañamiento, cumplimiento de la ley y otras grandes tareas vinculadas con el desarrollo. Si pensamos en el significado de lo anterior para el tema concreto de este artículo, sólo queda pensar que, al menos desde 2015 e inclusive 2019, la protección ambiental se ha marginado de la visión nacional del desarrollo y se relega como prioridad significativa en el conjunto de las políticas públicas de nuestro país. Los datos hablan solos: en el periodo 2015-2019 la reducción acumulada del presupuesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue de 61%, para la Comisión Nacional Forestal la caída fue de casi 70%, y en el caso de la Comisión Nacional del Agua el ajuste alcanzó 60%.
