AGENCIA
Nacional.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 confirma una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: Los proyectos ferroviarios concentran una porción cada vez mayor del gasto público en México. Bajo el argumento de impulsar el desarrollo regional, la conectividad y la soberanía logística, miles de millones de pesos serán canalizados a trenes civiles y militares, mientras otras áreas estratégicas quedan relegadas a presupuestos marginales.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, junto con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, se perfilan como los principales brazos ejecutores de esta política. El énfasis está puesto en corredores considerados estratégicos, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y nuevas rutas ferroviarias de pasajeros en el norte del país.
Los datos contenidos en el Presupuesto de Egresos y en los calendarios de gasto autorizados para 2026 muestran una redistribución del gasto público que privilegia el riel por encima de otros sectores de infraestructura, investigación, seguridad aérea, protección civil y derechos humanos.
En el caso de la SICT, el presupuesto autorizado para 2026 asciende a 153 mil 539.2 millones de pesos. De ese total, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ejercerá 92 mil 524.6 millones, es decir, alrededor del 60 por ciento (%) del presupuesto total de la dependencia. En términos prácticos, seis de cada 10 pesos del ramo se concentran en el brazo ferroviario.
Este peso presupuestal deja al resto del sector con recursos considerablemente menores. Mientras los proyectos ferroviarios absorben decenas de miles de millones, los Centros SICT estatales operan con presupuestos que oscilan entre 60 y 150 millones de pesos cada uno. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano contará con poco más de 3 mil 900 millones, la Agencia Federal de Aviación Civil con apenas 657.5 millones, el Instituto Mexicano del Transporte con 108 millones y PROMTEL con 146.4 millones. La disparidad revela una clara jerarquía de prioridades.
El Gobierno federal confirmó a finales de 2025 nuevas licitaciones para extender el tren de pasajeros en la zona metropolitana de Monterrey, dentro del corredor Saltillo–Nuevo Laredo. El titular de la ARTF, Andrés Lajous, informó que el proyecto entró en una etapa clave, con obras simultáneas, estudios avanzados y preparación de tramos para conectar Monterrey con Saltillo y Nuevo Laredo.
Sin embargo, en el tramo Saltillo–Nuevo Laredo aún persisten trabajos básicos como la liberación del derecho de vía, la preparación de terraplén y la ingeniería de detalle. A pesar de ello, ya se realizan estudios para una segunda fase del sistema ferroviario del norte, con extensiones hacia Guadalajara, San Luis Potosí, Mazatlán y Los Mochis. El riesgo, advierten especialistas, es avanzar en anuncios y obras sin contar con una planeación integral que garantice viabilidad técnica, financiera y ambiental.
Aunque el riel domina el presupuesto de la SICT, las carreteras siguen siendo el segundo gran imán del gasto. La Dirección General de Carreteras contará con 24 mil 575.1 millones y la Dirección General de Conservación de Carreteras con 27 mil 755.3 millones, lo que en conjunto representa poco más de 52 mil 300 millones de pesos, cerca de una tercera parte del presupuesto del ramo. Aun así, la brecha frente al gasto ferroviario es evidente.
En la Secretaría de Marina, el panorama no es distinto. Para 2026 tendrá un gasto neto de 65 mil 926.8 millones de pesos. De ese total, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec concentrará 23 mil 051.6 millones, equivalente al 35 por ciento del presupuesto de la dependencia. Si se suman organismos vinculados y puertos estratégicos como Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas, el monto asciende a 25 mil 251.7 millones, más del 38 por ciento del total.
En contraste, rubros como derechos humanos, investigación tecnológica y protección civil reciben menos del uno por ciento del gasto autorizado. El despliegue naval y la Policía Naval absorben cerca de un tercio del presupuesto, lo que refuerza el carácter militarizado de la política de infraestructura.
La Secretaría de la Defensa Nacional es el tercer gran actor en esta ecuación. En 2026 contará con 170.7 mil millones de pesos, un aumento cercano al 10 por ciento nominal respecto a 2025. El mayor monto individual se destina al Tren Maya, con 30 mil 744 millones de pesos, seguido por la Guardia Nacional, el Cuerpo de Policía Militar y las regiones militares.
Además, la Sedena administra empresas de transporte y operación aeroportuaria, como el Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica, el AIFA y la Aerolínea del Estado Mexicano. Estos datos confirman que una parte creciente del gasto militar se destina a infraestructura y a la operación de empresas paraestatales, difuminando la frontera entre funciones de seguridad y actividades económicas.
Tras el reciente descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el especialista Miguel Ángel García, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, lanzó una advertencia que resume la preocupación de diversos sectores: Al final del día, estos proyectos no los paga el gobierno, los pagan los contribuyentes.
García sostiene que varios de estos proyectos arrastran fallas estructurales desde su origen, agravadas por la falta de estudios técnicos, ambientales y sociales, el uso de vías antiguas no rediseñadas, durmientes de madera deteriorados pese a normas que exigen concreto, y la incorporación tardía de trenes de pasajeros sin planeación original. A ello se suma la práctica de iniciar obras antes de contar con manifestaciones de impacto ambiental completas, una decisión que calificó como gravísima.
El Ceccam ha documentado que los trenes de pasajeros no estaban contemplados ni presupuestados originalmente y que, para cumplir anuncios oficiales, se recurrió a trenes obsoletos reacondicionados. Esto abre interrogantes sobre la seguridad, la sostenibilidad y el costo real de operación a largo plazo.
El presupuesto de 2026 deja claro que el riel absorberá una parte creciente de los impuestos de los mexicanos. SICT, Marina y Defensa priorizan megaproyectos ferroviarios mientras áreas técnicas, sociales y de supervisión operan con recursos limitados. El riesgo no termina con la inauguración de las obras: el costo real se extenderá a subsidios permanentes, mantenimiento, operación y posibles fallas futuras, en un contexto donde la rendición de cuentas y la evaluación independiente siguen siendo asignaturas pendientes.
