AGENCIA
San Salvador, El Salvador.- A partir del próximo 26 de abril entrarán en vigor las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, las cuales contemplan la posibilidad de imponer cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años por delitos graves.
De acuerdo con la publicación oficial, la medida aplicará en casos como homicidio, feminicidio y violación, como parte de un endurecimiento del marco legal impulsado por el gobierno de Nayib Bukele en materia de seguridad.
Las reformas también implicaron modificaciones a diversos ordenamientos, entre ellos el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Asimismo, se establecieron cambios en la Ley Orgánica Judicial, que permitirán transformar juzgados de menores en tribunales de lo criminal, encargados de analizar los casos donde se contemple la aplicación de cadena perpetua. También se incluye un mecanismo de revisión para este tipo de sentencias.
La medida ha generado preocupación entre organismos internacionales. El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtieron que este tipo de sanciones contravienen estándares internacionales, al señalar que los menores en conflicto con la ley deben ser tratados bajo principios de rehabilitación y reintegración social.
En la misma línea, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno salvadoreño revisar de manera urgente estas reformas, al considerar que podrían vulnerar derechos fundamentales.
Hasta el momento, el gobierno de Nayib Bukele no ha emitido una respuesta oficial a estos señalamientos, aunque en ocasiones anteriores ha cuestionado a organismos internacionales por, según su postura, priorizar la defensa de delincuentes sobre la de la población.
Estas reformas se dan en el contexto del estado de excepción vigente desde 2022 en El Salvador, que ha permitido detenciones masivas en el marco de la estrategia contra pandillas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 90 mil personas han sido detenidas, aunque una parte ha sido liberada tras revisiones de sus casos.
Pese a las críticas por presuntas violaciones a derechos humanos, el gobierno salvadoreño sostiene que estas medidas han permitido una reducción histórica en los índices de homicidio, en un país que durante años enfrentó altos niveles de violencia vinculada al crimen organizado.
