Agencias
Ciudad de México.- De las 432 denuncias por presuntos delitos electorales registradas durante los comicios de 2021 en México, únicamente 71 fueron ratificadas en los estados de Sinaloa y Sonora, entidades donde resultaron electos como gobernadores Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo Montaño, respectivamente.
De acuerdo con información publicada por El Universal, en Sonora se abrieron 46 carpetas de investigación y en Sinaloa 25, cifras que representan apenas una fracción de las denuncias presentadas durante aquel proceso electoral. Especialistas y actores políticos consideran que el temor generado por la violencia influyó para que muchas de las acusaciones no avanzaran formalmente.
Mario Zamora Gastélum, excandidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa, aseguró que en la elección de ese estado predominó un ambiente de intimidación. Según su versión, grupos delictivos habrían intervenido mediante amenazas, secuestros de operadores políticos y acciones de presión que, afirmó, afectaron el desarrollo normal de la jornada electoral.
Diversos especialistas consultados señalaron que durante las elecciones de 2021 se documentaron hechos de violencia en varias regiones del país. En Sinaloa, particularmente, se reportaron casillas con presencia de personas armadas, robo de material electoral, disparos y retención de paquetes electorales, situaciones que fueron denunciadas ante las autoridades correspondientes.
El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, recordó que el INE presentó denuncias formales por diversos incidentes registrados durante el proceso electoral. Explicó que cuando existen indicios de posibles delitos, la autoridad electoral tiene la obligación de presentar las querellas correspondientes para que sean investigadas.
Por su parte, expertos en materia electoral advirtieron que, pese a la apertura de carpetas de investigación y los señalamientos de intervención del crimen organizado, los resultados de las elecciones no fueron anulados. Consideran que la falta de consecuencias podría contribuir a normalizar prácticas que ponen en riesgo la integridad de los procesos democráticos.
El debate resurgió en medio de recientes versiones sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos relacionadas con algunos actores políticos mexicanos, lo que ha vuelto a colocar bajo los reflectores los cuestionamientos sobre la influencia de grupos criminales en procesos electorales de distintas entidades del país.
