Agencias
México.- La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elevar a rango constitucional la mayoría de sus programas sociales con el fin de ampliar el número de beneficiarios y garantizar su continuidad después de su sexenio, ha generado preocupaciones sobre las finanzas públicas. Según Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO, esta iniciativa podría ejercer presión sobre el presupuesto, ya que no se ha presentado un análisis de costo beneficio que evalúe su viabilidad a largo plazo.
Los programas sociales propuestos, como las pensiones para adultos mayores, becas estudiantiles, Sembrando Vida y otros, representan un gasto significativo para el gobierno. Solo en el programa de Pensiones del Bienestar para Personas Adultas Mayores se prevé un gasto de 465,049 millones de pesos para este año, lo que indica un aumento considerable en comparación con años anteriores. Esto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de estas iniciativas a largo plazo, especialmente si se aprueba la reforma propuesta por López Obrador.
La falta de especificidad sobre cómo se financiarán estos programas constitucionales es otra preocupación destacada. Aunque algunas medidas sociales ya se habían elevado a rango constitucional en 2020, la nueva propuesta busca expandir el número de beneficiarios e incluir más programas, sin claridad sobre la obtención de recursos adicionales. Esta falta de provisiones necesarias para cubrir los gastos planteados genera incertidumbre sobre la viabilidad financiera de estas políticas a largo plazo.
