LA PAREJA SOLITARIA
Tras más de un mes de búsqueda fueron “localizados” dos de los desaparecidos en Guerrero. Lamentablemente no fueron ninguno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa sino sus verdugos: el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, señalados como los responsables de ordenar a la policía municipal el secuestro de los normalistas para ser entregados a la organización criminal “Guerreros Unidos”.
La historia del matrimonio Abarca Pineda es digna de las salas cinematográficas pues retrata perfectamente lo que sucede en México invadido por la narco-política. Él, un ex vendedor de sombreros y luego comprador de oro, acomplejado por su baja estatura y su color oscuro de piel –lo que lo llevó a ser un adicto al gimnasio para devenir en un metrosexual como contrapeso a sus otras “taras”- entró a la política y se hizo millonario tanto por los negocios con el erario como por sus nexos con el crimen organizado.
La esposa, la más hábil de los dos, obsesionada por su maquillaje y su ropa, dominada por sus caprichos y por lucir como si fuera una estrella de cine, no solo era hermana de los dos personajes que comandaban la célula criminal “Guerreros Unidos” sino que ella misma tomó las riendas de la actividad delictiva y se convirtió en enlace con el ahora ex gobernador Ángel Aguirre Rivero -de quien, se dice, era pareja sentimental- y por su conducto fluyeron decenas de millones de pesos hacia el gobierno estatal de Guerrero.
Luego de huir de Iguala con ayuda del gobierno guerrerense y la protección del ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, los Abarca deambularon en varias entidades donde recibieron ayuda para esconderse. Estuvieron en Puebla donde gobierna Rafael Moreno Valle, un panista que llegó al poder con respaldo también del Sol Azteca, y hasta se especuló que habían estado en el Veracruz de Javier Duarte, quien tiene un acuerdo comercial desde el año pasado con el “PRD rojo”, bendecido por Zambrano.
Finalmente los capturaron en una vivienda miserable de Iztapalapa, una de las delegaciones del Distrito Fe deral- Su detención podría ser el hilo conductor para encontrar a los normalistas desaparecidos, dicen algunos pero las esperanzas son pocas. La opinión pública desconfía del asunto y ya en las redes sociales se comenzó a manejar el tema de una “entrega pactada con impunidad garantizada”. Un montaje su detención y el lugar donde se escondían. El gobierno de Peña Nieto está presionado tanto por las movilizaciones en todo el país como por la opinión internacional y necesita el golpe mediático de la detención de los Abarca para dar la impresión de que el aparato judicial se mueve.
Abarca y su esposa nunca debieron dejar Guerrero sin ser llevados a un tribunal, nunca debieron pasar más de 35 días para capturarles. Más aún, los expertos señalan que la detención del matrimonio igualteco afina la hipótesis de “la pareja solitaria” –en alusión a los famosos “asesinos solitarios” de los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu en la época de Carlos Salinas-. A ese par le cargarán todos los muertos de Iguala. Ellos serán los malos de la película pero no irán más allá pese a que son la punta de la madeja de todo un sistema basado en la narco-política.
Ellos apuntan, por supuesto, hacia el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y al aparato policiaco y judicial de esa entidad que los protegió. También apuntan hacia el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quienes desde hace más de un año tuvieron conocimientos de sus nexos con el crimen organizado pero no los investigaron sino que les dieron impunidad.
Obviamente, la pareja conduce hacia esa corriente mafiosa del PRD llamada Los Chuchos que controlan la dirigencia nacional y buena parte de los comités estatales, entre ellos Veracruz con el ex alcalde de Ciudad Mendoza, Sergio Rodríguez Cortez. Hablar de los Abarca es hablar de Jesús Zambrano, Jesús Ortega, el senador Armando Ríos Piter que quiere ser gobernador de Guerrero y toda esa riada de perredistas corruptos. Todos ellos deben ser investigados, todos deben responder y aclarar muchas cosas no solo ante la opinión pública sino ante los tribunales.
LA TAPADERA
Ante la exhibición de la narco-política que generó el caso de la pareja de Iguala, el copetón Enrique Peña Nieto se saca de la manga un “pacto nacional por la seguridad” que solo servirá para tomarse la fotografía. Promete “cambios de fondo” y llama a todas las fuerzas políticas para “fortalecer instituciones combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”. Es decir, llamará a los dirigentes del PRD que protegieron a Aguirre Rivero y a los Abarca para que firmen ese pacto contra los corruptos y malandros. De risa. Y convocará al PAN de Felipe Calderón que desató la guerra contra el narcotráfico y sumió al país en un baño de sangre, para que también lo haga.
De igual forma, pedirá la firma de los líderes del PRI que desde hace años han protegido a ex gobernadores corruptos y sospechoso de entregar sus territorios a los carteles – como en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y demás-. Peña se arropa otra vez en este tipo de acuerdos cupulares, y ahora es la versión extendida del Pacto por México que entregó la riqueza de la nación a los extranjeros. Todo lo anterior en vez de aplicar la ley. Así de simple: meter a la cárcel a todo funcionario y gobernante corrupto que haya pactado con los criminales. Limpiar los aparatos judicial, policiaco y de gobierno como se lavan las escaleras: de arriba hacia abajo, según la alegoría del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
Eso es lo que se requiere y no de los famosos pactos no sirven de nada, son pura tapadera. Hace más de dos décadas Con Salinas de Gortari – la mano que mece la cuna de Peña-, se dio el Pacto de Solidaridad para llevar a México al primer mundo y fue puro engaño.
Con el innombrable en Veracruz se firmó un pacto por la seguridad mientras por otro lado la entidad era cedida a las bandas delictivas. El innombrable se carcajeaba de los que firmaban ese pacto en 2008, entre ellos jerarcas religiosos, autoridades universitarias y empresarios que fueron acarreados al el Museo del Transporte en Xalapa.
A ellos les dijo: “vamos con todo contra los malos, sin más límites que los de la ley, vamos por ellos, vamos por la paz”. Los ingenuos asistentes, principalmente los empresarios, fueron los primeros en sufrir extorsiones, secuestros y amenazas mientras que al resto de los veracruzanos los dejaron en la indefensión cuando Veracruz fue entregado al crimen. Ese es un ejemplo de la eficacia de los pactos, en la entidad se sabe por experiencia propia que solo es una tapadera que no sirve porque el gobierno está podrido.
EL PREÁMBULO
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Veracruz en un par de semanas arrastran malos presagios desde hace meses. Algunos les llaman jocosamente “Los juegos del hambre” y otros “Los juegos de la corrupción” pues su organización ha brillado más por los oscuros manejos de los funcionarios estatales para aplicar los recursos para la habilitación de infraestructura que en por sus expectativas de índole deportiva. Así, durante meses se especuló que la sede otorgada a Veracruz sería cambiada de última hora a Guadalajara, Jalisco donde se desarrollaron los Juegos Panamericanos 2011 y que cuenta con la infraestructura deportiva que salvaría del ridículo a los organizadores veracruzanos que no pueden terminar con el acondicionamiento de instalaciones tanto para las justas como para el alojamiento de los atletas.
El dinero que la federación envió desde el sexenio pasado –unos 600 millones de pesos- se lo robó el innombrable –que pulula por ahí con toda impunidad- y a eso se adicionó el hurto de otras ministraciones, los chanchullos con la entrega de contratos para la construcción de instalaciones y otros negocios que hicieron los funcionarios duartistas en los preparativos del evento. La mejor muestra de que esos juegos están prendidos de alfileres es el caso del alojamiento de los atletas que pasó de una villa deportiva, que nunca se construyó, a hoteles, moteles y casas de huéspedes.
La construcción de los departamentos para hospedar a los participantes es todo un monumento a la corrupción porque se especuló con terrenos, se benefició a constructoras cuyos propietarios entregaron sobornos y parte del botín a funcionarios estatales, se inflaron costos y se fugaron recursos. La maraña de malos manejos obligó a recurrir a la contratación de habitaciones de hotel para salir del apuro. A lo anterior se suma también el alto riesgo que significa para los atletas que se hospedarán en sitios no aptos para una logística de vigilancia y claro, propicios para una acción del crimen organizado.
Salvo que pongan un contingente policiaco a cuidar cada hotel y se tome el control absoluto del mismo, incluyendo flujo de clientes independientes de los deportistas así como de sus trabajadores y proveedores, no se ve cómo podrán bajar el nivel de exposición de los alojados. La exposición de los deportistas en zonas de altísima incidencia criminal en Veracruz pasó de ser un “foco rojo”, al peligro real de un incendio que puede tatemar la justa entera y la fama de los organizadores. Regiones como Coatzacoalcos y Córdoba son verdaderas tierra sin ley, donde no han funcionado los operativos policiacos y la violencia criminal castiga a sus habitantes diariamente. En pocas palabras, el riesgo más evidente no son las instalaciones inacabadas sino la ola de criminal que azota a la entidad y que podría alcanzar a los visitantes. Tal es el preámbulo, los invitados extranjeros y los mismos nacionales se trasladarán a un territorio minado.
