AGENCIA
Veracruz, Ver.- El embargo de pensiones por parte de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) es consecuencia directa de la falta de regulación que proteja los ingresos provenientes de apoyos sociales, los cuales legalmente no han sido considerados como inembargables, advirtió Teresa Carbajal Vásquez, representante legal del Barzón de Resistencia Civil.
La activista explicó que cuando una persona cae en moratoria, las financieras solicitan la retención de recursos mediante un oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objetivo de inmovilizar las cuentas del deudor. El problema, señaló, es que no se distingue si dichas cuentas corresponden a salarios o a pensiones derivadas de programas sociales.
“Se embarga sin revisar el origen del dinero. No importa si es una pensión del Bienestar, del IMSS o del IPE; la persona queda en total indefensión”, señaló.
Carbajal Vásquez indicó que este tipo de prácticas se ha vuelto recurrente, especialmente en el caso de adultos mayores que reciben apoyos sociales. Tan solo en diciembre pasado, el Barzón documentó al menos cinco casos relacionados con este tipo de embargos.
Añadió que muchas de las personas afectadas evitan denunciar por miedo o desconocimiento, e incluso prefieren aceptar acuerdos con las financieras para evitar mayores problemas. Esta situación, dijo, ha impedido que el problema tenga mayor visibilidad pública.
Recordó el caso de Mirna, una mujer a quien a finales de 2024 le fue embargada la totalidad de su pensión, hecho que impulsó la propuesta de la llamada Ley Mirna, iniciativa que busca prohibir expresamente el embargo de cuentas destinadas exclusivamente a pensiones o apoyos sociales.
La representante del Barzón también advirtió sobre prácticas irregulares de algunas financieras, que ofrecen créditos rápidos -incluso vía telefónica- sin transparencia en las condiciones, lo que deriva en deudas impagables para los usuarios.
“El sector más afectado es el de los adultos mayores. Son quienes terminan perdiendo su único ingreso por falta de información y por abusos que hoy la ley no sanciona con claridad”, concluyó.
