Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- En un evento que oscila entre la ironía y la deficiencia institucional, las autoridades municipales inauguraron el programa “Calles Mágicas” en conmemoración del Día Mundial del Peatón, precisamente en uno de los tramos más deteriorados de la ciudad: la avenida 4. Por otra parte, las motos eléctricas circulan sin control ante vacío legal y falta de acción municipal.
El día de ayer, en un acto protocolario, las autoridades, encabezadas por el alcalde Juan Martínez Flores y la síndica Vania López González, balizaron un punto en el cruce con la calle 5; sin embargo, pasos más adelante, en esa misma avenida 4, los vehículos y el transporte público seguían “brincando” sobre los bloques desprendidos y las irregularidades de un pavimento que parece más un campo minado que una vía urbana.
El evento, más que una solución, fue un gesto vacío. La simbología de pintar líneas y colocar señalamientos en una calle fracturada no sólo resulta insuficiente, sino que evidencia una política pública más interesada en el maquillaje que en el verdadero mantenimiento de la infraestructura vial.
La avenida 4, entre las calles 5 y 9, es un reflejo del abandono acumulado: baches profundos, bloques levantados, accidentes viales que crecen con cada lluvia y un tránsito vehicular que se convierte en un suplicio diario para conductores y peatones.
Además, a pesar de los anuncios del Gobierno del Estado sobre la regulación de motocicletas eléctricas, en Córdoba estos vehículos siguen circulando sin restricciones, sin placas y sin que las autoridades locales puedan ejercer un control efectivo.
Edgar Castro Meza, director de Tránsito Municipal, admitió que no existe un marco legal claro para su regulación, lo que ha permitido que estas motos transiten por las calles en igualdad de condiciones que los automóviles, pero sin cumplir con los requisitos que sí aplican para el resto de los vehículos.
A diferencia de las motocicletas convencionales, que requieren licencia, seguro y placas, estos vehículos operan en un limbo legal, lo que dificulta su fiscalización y representa un riesgo para la seguridad vial.
Castro Meza argumentó que, al no existir una normativa estatal o municipal específica, no se pueden aplicar sanciones ni exigir documentación, a pesar de que circulan a altas velocidades, invaden carriles exclusivos e incluso transitan por banquetas.
