AGENCIA
Baja California.- Mientras el Gobierno de Baja California mantiene una de las tasas más altas del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en el país, el sector empresarial lanzó una advertencia contundente: el incremento fiscal está provocando pérdida de empleos, cierre de empresas y fuga de inversiones hacia otros estados.
El posicionamiento fue presentado el 15 de diciembre durante una rueda de prensa encabezada por Coparmex Tijuana, en la que participaron representantes de Coparmex Tijuana y Ensenada, Index Zona Costa, Canacintra Tijuana, Canadevi, así como organismos del sector construcción, tecnológico y comercial. El objetivo fue fijar una postura común ante el impacto del ISN, actualmente en 4.25 por ciento (%), el más alto a nivel nacional.
Los empresarios coincidieron en que esta carga fiscal ha debilitado la competitividad de Baja California frente a otros estados fronterizos como Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Coahuila, donde la tasa del impuesto es de 3%. Señalaron que esta diferencia coloca al estado en desventaja directa para atraer y retener inversiones.
Durante el encuentro se presentaron cifras que calificaron como alarmantes. En el último año se han perdido más de 25 mil empleos formales y alrededor de 800 empresas fueron dadas de baja, lo que equivale a un promedio de 26 cierres diarios. De ese total, 21 mil empleos corresponden a la industria manufacturera y maquiladora, uno de los pilares económicos de la entidad. Actualmente, Baja California ocupa el cuarto lugar nacional en pérdida de empleo.
De acuerdo con los organismos empresariales, el alto costo de contratar personal formal ha obligado a muchas empresas a reducir su plantilla, cerrar operaciones o trasladarse a otros estados con mejores condiciones fiscales.
Uno de los puntos centrales del reclamo fue la brecha impositiva. Mientras la mayoría de las entidades del país mantienen tasas de entre 2 y 3%, Baja California grava la nómina con 4.25%, lo que representa hasta 42% más que sus competidores directos. Este diferencial genera sobrecostos significativos. Una empresa con 100 empleados enfrenta un gasto adicional anual superior a 300 mil pesos; con 500 empleados, el sobrecosto rebasa 1.5 millones de pesos, y con mil trabajadores supera los 3 millones de pesos.
Los empresarios advirtieron que estos costos encarecen el empleo formal, presionan los precios y terminan impactando directamente a las familias.
Otro de los temas abordados fue el riesgo de que Baja California quede fuera del proceso de nearshoring y de las oportunidades que se abrirán con la revisión del T-MEC en 2026. Señalaron que en los últimos dos años no se ha anunciado ningún megaproyecto en la entidad, mientras que otros estados del norte concentran nuevas inversiones. Incluso, reportaron el cierre de siete plantas industriales y la evaluación de posibles salidas adicionales.
Ante este escenario, el sector empresarial propuso reducir el ISN al 3%, un nivel que consideran competitivo y alineado con la media nacional. Aclararon que la intención no es debilitar las finanzas públicas, sino detonar inversión, preservar empleos y ampliar la base económica del estado.
Indicaron que Baja California recauda entre 11 y 12 mil millones de pesos anuales por este impuesto y que existen alternativas para compensar la reducción, como una mayor eficiencia en el gasto público, la disminución de gasto no prioritario -como la publicidad oficial-, el incremento de participaciones federales y una mayor formalización del empleo.
Según sus estimaciones, una tasa del 3% podría atraer entre 15 y 20% de la inversión fronteriza, generar hasta 100 mil empleos, propiciar la apertura de entre 25 y 35 nuevas plantas industriales y elevar el PIB estatal entre 8 y 10%.
Los líderes empresariales advirtieron que, de mantenerse la tasa actual, la pérdida de empleos podría escalar hasta 50 o incluso 75 mil plazas, además de acelerar procesos de automatización, informalidad y salida de empresas.
Finalmente, hicieron un llamado al Congreso del Estado y al Gobierno de Baja California para abrir un diálogo técnico y urgente antes de la aprobación de la Ley de Ingresos. Aseguraron que el objetivo no es la confrontación, sino construir una solución conjunta que permita recuperar la competitividad y proteger el empleo formal.
“Empresas sanas significan una economía sana. Si seguimos encareciendo el empleo, todos perdemos”, concluyeron.
