La presidenta aseguró que el Gobierno federal no rescatará con recursos públicos a compañías que incumplan sus obligaciones financieras en proyectos de infraestructura
AGENCIAS
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las empresas privadas que participen en proyectos federales bajo esquemas de inversión mixta deberán asumir los riesgos financieros derivados de sus propias inversiones y no podrán ser rescatadas con recursos públicos en caso de que las obras fracasen o las compañías incumplan sus obligaciones.
Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que el Gobierno federal no utilizará recursos del presupuesto para mantener en operación a empresas privadas que enfrenten problemas financieros después de comprometer capital en proyectos de infraestructura, como carreteras.
Sheinbaum sostuvo que uno de los principios del modelo actual es que el riesgo correspondiente al capital privado permanezca en manos de los inversionistas.
“¿Quién corre el riesgo? Ellos. No corre el riesgo el pueblo de México”, afirmó la presidenta al explicar las condiciones bajo las cuales participa la iniciativa privada.
De acuerdo con el planteamiento expuesto por la mandataria, las empresas deberán garantizar la viabilidad financiera de los proyectos en los que participen y responder por las pérdidas que pudieran generarse debido a una mala planeación, administración o incapacidad para cumplir con los compromisos adquiridos.
En caso de que una compañía quiebre, agregó, las autoridades deberán hacer valer los mecanismos legales y contractuales correspondientes, incluidos los activos de la empresa, sin trasladar automáticamente sus deudas a las finanzas públicas.
El Gobierno no rescatará inversiones privadas
La presidenta señaló que no sería aceptable que una empresa recibiera recursos públicos para continuar operando después de incumplir sus obligaciones financieras, mientras que la deuda adquirida terminara siendo cubierta por los contribuyentes.
Explicó que la participación privada implica que las compañías deben evaluar previamente la rentabilidad y los riesgos de cada proyecto antes de comprometer sus recursos.
El modelo contempla que el Gobierno cumpla con las obligaciones establecidas en los contratos, pero que los inversionistas respondan por los riesgos asociados directamente con el capital privado.
Sheinbaum remarcó que la intención es evitar que una eventual crisis financiera de una empresa termine convirtiéndose en una obligación para el Estado.
Sheinbaum recuerda los rescates carreteros
Durante su explicación, la presidenta hizo referencia a los rescates de concesiones carreteras realizados en décadas anteriores, cuando algunas empresas privadas enfrentaron dificultades para concluir obras o cubrir los créditos contratados para su construcción.
Según expuso, en aquellos casos el sector privado realizó inicialmente las inversiones, pero posteriormente el Gobierno intervino para asumir obligaciones financieras cuando las compañías dejaron de tener capacidad para cubrir sus deudas.
“Invierte el privado. Después ya no puede continuar, no puede pagar su deuda. ¿Y qué pasa? El gobierno lo rescata y permite que la empresa siga funcionando”, señaló.
La mandataria agregó que parte del problema consistió en que el Estado terminó pagando compromisos adquiridos por empresas privadas, mientras algunas de las obras posteriormente continuaron bajo esquemas de operación privada.
“Le paga a la empresa lo que le debe a un banco, por ejemplo. Y lo peor es que se volvió a privatizar con ese esquema”, sostuvo.
Sheinbaum afirmó que el modelo que impulsa su administración pretende evitar que se repita ese mecanismo y que los riesgos financieros de las inversiones privadas vuelvan a trasladarse al presupuesto público.
La referencia al Fobaproa
La presidenta también comparó los rescates carreteros con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), al señalar que en ambos casos existió una transferencia de obligaciones privadas hacia las finanzas públicas.
Al referirse al rescate bancario, cuestionó que los recursos públicos se utilizaran para respaldar obligaciones del sector privado sin que necesariamente existiera una recuperación equivalente para el Estado.
“No te vas a rescatar con recurso público al privado para que siga operando como si nada”, declaró.
Sheinbaum sostuvo que uno de los problemas que identificó en el Fobaproa fue que no se priorizó a los pequeños deudores y que una deuda originada en el sector privado terminó convirtiéndose en una obligación pública.
Como contraste, mencionó el rescate financiero implementado por Estados Unidos durante la crisis de 2008, al señalar que el gobierno de ese país recibió activos de algunas de las instituciones respaldadas y posteriormente pudo venderlos.
La presidenta planteó que, ante una eventual quiebra de una empresa involucrada en infraestructura, el Estado debe actuar sobre los activos y mecanismos jurídicos disponibles, en lugar de destinar recursos públicos para mantener a la compañía en operación.
SICT explica el origen del rescate carretero
Durante la misma conferencia, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que el rescate de autopistas concesionadas derivó en la creación del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC).
El funcionario señaló que este mecanismo comenzó a utilizarse para atender el rescate de carreteras a partir de 1994.
Posteriormente se creó el Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), destinado a impulsar nuevas carreteras y otros proyectos de desarrollo.
En 2008, ambos instrumentos fueron integrados para constituir el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Siete proyectos carreteros bajo inversión mixta
El Gobierno federal ha planteado utilizar esquemas de inversión mixta para desarrollar diversos proyectos de infraestructura carretera.
Entre los proyectos contemplados se encuentran Puerto Verde, en Piedras Negras; el bypass Tijuana-Ensenada; proyectos carreteros en Baja California; Saltillo-Monclova; el libramiento Matehuala-entronque Puerto México; la conexión urbana Saltillo-Ramos Arizpe y el Puente Internacional Nuevo Laredo.
La administración federal ha señalado que estos proyectos buscan complementar la inversión pública con capital privado para ampliar la capacidad de construcción de infraestructura.
El principio expuesto por Sheinbaum es que la participación privada no implique que el Estado absorba automáticamente las pérdidas de los inversionistas.
De esta manera, ante un eventual incumplimiento o quiebra, las empresas deberán responder conforme a los contratos y al marco legal aplicable, mientras que el Gobierno federal conservará la rectoría sobre las obras y proyectos considerados estratégicos para el país.
La presidenta insistió en que la diferencia fundamental con los esquemas que cuestionó es que el riesgo financiero del capital privado debe permanecer en el sector privado y no convertirse en una deuda para los mexicanos.
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