De la Redacción
El Buen Tono
RÍO BLANCO.- El Hospital Regional del IMSS – Bienestar Río Blanco atraviesa una profunda crisis que trasciende lo médico, convirtiéndose en un referente de descomposición administrativa e ingobernabilidad. La institución enfrenta un colapso físico y operativo mientras la dirigencia es señalada por intentar desviar la atención de las fallas sistémicas mediante la búsqueda de chivos expiatorios.
La infraestructura del nosocomio presenta un deterioro crítico que pone en riesgo la integridad de pacientes y trabajadores. Entre las deficiencias más visibles se encuentran filtraciones constantes, áreas médicas en mal estado y una falta generalizada de mantenimiento, factores que evidencian un abandono físico prolongado por parte de las autoridades responsables.
En el ámbito político interno, el discurso oficial ha intentado concentrar la responsabilidad de las fallas en el Dr. Álvaro Gallardo, anterior director del hospital. No obstante, fuentes internas califican esta narrativa como justificación, argumentando que las deficiencias son responsabilidad de todo un engranaje administrativo y no de una sola figura de autoridad.
El personal de base ha manifestado su rechazo a la gestión de los mandos medios y superiores, exigiendo la destitución inmediata del administrador. Las críticas hacia este funcionario son severas, señalándolo por permitir que se ignoren las normativas internas y por actuar como una figura burocrática inoperante ante la crisis.
Un punto crítico de la denuncia es la falta de control en las jornadas laborales de los especialistas. Se reporta que cirujanos y traumatólogos utilizan sus plazas en el IMSS – Bienestar principalmente como un respaldo salarial, mientras dedican la mayor parte de su tiempo efectivo a operar en hospitales privados, desatendiendo a la población derechohabiente.
El desorden administrativo alcanza también áreas sensibles como anestesiología. Testimonios refieren que el jefe de dicho servicio abandona sus funciones en horario laboral para impartir clases en universidades privadas, una práctica que vulnera la ética médica y deja desprotegido al hospital ante posibles emergencias que requieran especialistas.
Finalmente, la percepción general es la de un vacío de autoridad donde la dirección carece de capacidad para aplicar sanciones o restaurar el orden. Mientras no se tomen medidas de fondo contra la corrupción y el ausentismo, el Hospital de Río Blanco continúa su deterioro, afectando directamente el derecho constitucional a la salud de los ciudadanos.
