El 74% de los contratos en Córdoba se asignaron por adjudicación directa en 2024. Solo el 3.5% de las contrataciones se hicieron mediante licitación pública.
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- El reciente Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 (INEGI) documenta que el ayuntamiento de Córdoba operó con un marco normativo inexistente y nula competencia en contrataciones. Este diseño institucional, lejos de ser neutral, explica la viabilidad de operaciones como la compra de papelería con sobreprecio a una empresa fantasma y un contrato millonario a una consultora del Partido Verde.
Los datos recientes oficiales del Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025, publicado por el INEGI, revelan un turbio sistema de contrataciones que operó en Córdoba durante la administración de Juan Martínez Flores. Según el Censo, el ayuntamiento carece de normativa propia para regular sus compras, depende exclusivamente de la ley estatal, y concentró tres de cada cuatro pesos en adjudicaciones directas. Las licitaciones públicas, el mecanismo diseñado para garantizar competencia y mejores condiciones, apenas representaron el 3.5 % del total.
Y es que diseño institucional que, por omisión o por cálculo, elimina los contrapesos y abre espacios para la discrecionalidad. En la práctica, significa que durante 2024 los responsables de las contrataciones pudieron decidir en privado a quién, por cuánto y bajo qué condiciones asignar recursos públicos.
NORMATIVA REZAGADA Y NULA COMPETENCIA
El censo del INEGI recoge la información que el propio ayuntamiento reporta. En el rubro de marco normativo, Córdoba declara que no cuenta con una disposición propia para regular las contrataciones. Depende enteramente de la legislación estatal, lo que impide establecer controles adicionales o adaptar las reglas a las necesidades locales. En materia de adquisiciones y obra pública, la normativa aplicable ni siquiera contempla figuras como la licitación pública nacional o internacional.
Durante 2024 se realizaron 201 contratos. De ellos, 149 correspondieron a adjudicaciones directas, lo que equivale al 74.1 % del total. Cuarenta y cinco contratos se hicieron mediante invitación restringida, un mecanismo que también limita la participación. Sólo siete contratos se resolvieron por licitación pública, apenas el 3.5 por ciento.
En el rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el predominio de la adjudicación directa es preocupante: de 94 contratos, 84 se asignaron por esta vía y los 10 restantes por invitación restringida. Ninguna compra de bienes o servicios se sometió a licitación. En obra pública, el comportamiento es similar: 65 contratos por adjudicación directa, 35 por invitación restringida y solo 7 por licitación: todo un vicio institucionalizado que concentra la capacidad de decisión en unas cuantas manos y excluye cualquier forma de competencia.
DOS CASOS QUE MATERIALIZAN EL ESQUEMA
De esta forma, la estructura documentada por el INEGI no permaneció en el papel; por ejemplo, dos contrataciones aprobadas durante la gestión de Martínez Flores y validadas por la entonces síndica Vania López González (hoy regidora novena) muestran cómo operó en la práctica.
El primero es un contrato por 2 millones 998 mil 934 pesos para la compra de papelería y artículos de oficina. La empresa beneficiada, Servicomerciox Haka, SA de CV, tiene su domicilio fiscal en un local de una plaza abandonada en San José del Cabo, Baja California Sur, a más de dos mil kilómetros de distancia. El análisis de la factura revela sobreprecios de hasta el 200 por ciento. Ocho mil paquetes de hoja blanca se facturaron a 132.40 pesos cada uno, cuando el precio de mercado no supera los 80 pesos. Doscientos cincuenta bolígrafos de gel se pagaron a 1…
