*Advierten afectación a pensiones de adultos mayores
AGENCIA
Xalapa, Ver.- Entre enero de 2022 y septiembre de 2025, en Veracruz se registraron 354 juicios mercantiles en los que se ordenó el embargo precautorio de cuentas bancarias de personas usuarias del Banco del Bienestar, de acuerdo con información oficial del Poder Judicial del estado.
Del total de procedimientos, 54 juicios fueron promovidos por Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), es decir, empresas financieras privadas. Sin embargo, aunque las órdenes judiciales fueron emitidas, el embargo precautorio se ejecutó de manera efectiva únicamente en cinco casos, mientras que cuatro procesos ya cuentan con sentencia definitiva.
La información fue obtenida mediante solicitudes de transparencia realizadas por El Barzón de Resistencia Civil de Veracruz, organización que brinda acompañamiento legal a personas afectadas por prácticas financieras abusivas.
En contraste, el propio Banco del Bienestar informó, también vía transparencia, que no cuenta con registros estadísticos que permitan identificar cuántos embargos o inmovilizaciones han afectado directamente a personas beneficiarias de programas sociales, ni en particular a quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Teresa Carbajal, dirigente del Barzón en Veracruz, advirtió que estos procesos judiciales impactan directamente a personas adultas mayores, consideradas población vulnerable, al no existir mecanismos legales claros que protejan los recursos depositados en sus cuentas.
De acuerdo con los registros de la organización, en 2025 se abrieron 21 casos relacionados con embargos; en 2024 se documentaron 14; en 2023, nueve; y en 2022, diez. Además, el Poder Judicial confirmó la existencia de 83 juicios mercantiles adicionales en los que se ordenó el embargo de cuentas bancarias de personas demandadas, sin importar la institución financiera, dentro del mismo periodo.
Carbajal sostuvo que los programas sociales están siendo afectados por prácticas de financieras que, mediante deudas simuladas y documentación irregular, buscan apropiarse de los recursos destinados a personas adultas mayores.
Uno de los casos documentados es el de Myrna, pensionada de 68 años, quien en noviembre de 2024 acudió a retirar su pensión y descubrió que su cuenta del Bienestar estaba en ceros, debido a un embargo judicial del que no había sido notificada.
El procedimiento derivó de una demanda de la financiera Préstamo Feliz, que le atribuyó una supuesta deuda superior a 242 mil pesos, misma que Myrna asegura nunca solicitó ni recibió. La afectada explicó que únicamente contrató un préstamo por 80 mil pesos, el cual dejó de pagar tras enfrentar gastos médicos durante la pandemia.
Con el acompañamiento del Barzón, se detectó que la financiera promovió la demanda sin notificación previa, sustentada en un pagaré firmado en blanco y en un depósito que no pudo ser acreditado ni ante el juzgado ni ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
A pesar de ello, un juez ordenó el bloqueo de todas sus cuentas bancarias, incluida la de la pensión del Bienestar, durante varios meses. Aunque los recursos fueron liberados posteriormente, el caso continúa abierto.
En el marco de esta situación, el Barzón solicitó al Poder Judicial de Veracruz información relacionada con los juicios promovidos por la empresa Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., pero la autoridad judicial respondió que no es posible entregar esos datos por tratarse de información protegida por la ley.
El caso de Myrna forma parte de la iniciativa conocida como la Ley Myrna, impulsada por el Barzón para establecer de manera explícita la inembargabilidad de las pensiones y apoyos sociales, al señalar que, aunque estos están reconocidos en el artículo 4° constitucional, no cuentan con un candado legal que impida su embargo.
Desde febrero de 2025, la organización ha sostenido acercamientos con el Senado de la República, el Congreso de Veracruz y autoridades federales de Bienestar, con el objetivo de promover una reforma constitucional que garantice la protección de estos recursos, con enfoque en personas adultas mayores y perspectiva de género.
El Barzón advirtió que casos similares se han registrado también en Puebla y Ciudad de México, por lo que consideró urgente legislar para blindar de forma efectiva la Pensión del Bienestar y evitar que sea objeto de embargos judiciales derivados de prácticas financieras irregulares.
