De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial opera bajo un esquema que revela algo más grave que la opacidad: un vacío total de control institucional. David Flores Cervantes, alias “El Gavilán”, actual titular de la corporación, ejerce funciones sin contar con registros de evaluación de control y confianza, requisito obligatorio para cualquier mando con injerencia en seguridad pública. Lo más alarmante no es solo la ausencia del documento, sino que ninguna autoridad reconoce tener la responsabilidad de evaluarlo.
La Secretaría de Marina confirmó, mediante la respuesta oficial 340026600040326, que no cuenta con registros de evaluación del funcionario bajo los lineamientos del sistema civil.
En su contestación, la dependencia se deslinda al señalar que sus procesos internos no corresponden con los del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sugiere acudir a instancias estatales. No obstante, el Centro de Evaluación y Control de Confianza del estado de Veracruz ya había negado previamente contar con información sobre Flores Cervantes, asegurando que no existe registro alguno a su nombre.
El resultado es un vacío total donde ni la federación lo evalúa, ni el estado lo reconoce, ni el municipio asume la obligación. Este escenario se sostiene en una figura administrativa de comisión, según el Radiograma TD/447/25. Dicho esquema permite al ayuntamiento de Córdoba, encabezado por Manuel Alonso Cerezo, argumentar que no es su responsabilidad someterlo a evaluación, mientras las instancias estatales y federales lo excluyen de sus registros de certificación civil.
En los hechos, esto implica que un funcionario con poder operativo sobre los ciudadanos ejerce sin haber pasado el filtro mínimo de certificación. El historial de Flores Cervantes agrava la situación, pues desde su paso por la Policía Turística de Cancún fue señalado por prácticas de extorsión, cobro de cuotas a elementos y nexos con estructuras delictivas. A pesar de estos antecedentes y la falta de papeles, fue designado y mantenido en el cargo por la actual administración municipal.
La permanencia del funcionario evidencia una red de protección política que le permite operar sin controles. Al interior de la corporación, esta falta de supervisión externa se traduce en un mando despótico donde, según testimonios de oficiales, impera la vigilancia mediante geolocalización de teléfonos personales, condiciones laborales insalubres y contratos mensuales que vulneran la estabilidad de los elementos. La falta de exámenes de confianza en el director de Tránsito elimina la garantía de integridad que la ley exige para el ejercicio del servicio público.
