AGENCIA
Nacional.- El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó una profunda reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, medida que endurece sanciones económicas, amplía las facultades operativas de la Guardia Nacional y refuerza los mecanismos de control sobre conductores en vías federales.
El decreto fue publicado el pasado 25 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor un día después de su difusión oficial.
La modificación representa uno de los cambios más importantes en materia de tránsito federal de los últimos años y ha generado debate por el incremento de facultades otorgadas a cuerpos de seguridad federal en carreteras del país.
Multas más severas
Uno de los puntos centrales de la reforma se encuentra en el artículo 60, donde se establecen sanciones más altas para quienes desacaten instrucciones de agentes federales o ignoren dispositivos de control vial.
Las nuevas disposiciones fijan multas de entre 40 y 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, lo que podría representar pagos de varios miles de pesos dependiendo de la infracción.
La reforma busca reforzar el cumplimiento de operativos carreteros y reducir incidentes derivados de desobediencia vial en zonas federales.
Prioridad absoluta a órdenes de la Guardia Nacional
Otro de los cambios que más controversia ha generado es el reconocimiento legal de la autoridad operativa de los elementos de la Guardia Nacional sobre cualquier otra señal de tránsito.
El nuevo reglamento establece que durante accidentes, retenes, cierres, emergencias o dispositivos especiales, las instrucciones emitidas por agentes federales tendrán prioridad sobre semáforos, señalamientos fijos o indicaciones temporales colocadas previamente.
En términos prácticos, esto obliga a los conductores a seguir directamente las órdenes de los elementos de seguridad incluso cuando contradigan semáforos o reglas ordinarias de circulación.
Riesgo de consecuencias penales
La reforma también incorpora disposiciones que endurecen la respuesta legal contra personas que confronten o se resistan a la autoridad.
El artículo 201 reformado advierte que insultar, impedir funciones oficiales o resistirse físicamente a elementos federales podría derivar en detenciones inmediatas y puesta a disposición ante el Ministerio Público por posibles delitos relacionados con desobediencia y resistencia de particulares.
Especialistas consideran que esta medida busca fortalecer el control operativo de las autoridades, aunque también abre debate sobre posibles excesos o interpretaciones discrecionales durante revisiones carreteras.
Descuentos e impugnaciones
Pese al endurecimiento de sanciones, el reglamento mantiene incentivos para quienes acepten la infracción y realicen pagos anticipados.
El artículo 200 contempla un descuento del 25 por ciento si el conductor reconoce la falta en el momento de la infracción, además de otro 25 por ciento adicional si el pago se efectúa dentro de los primeros 15 días hábiles.
Asimismo, los ciudadanos conservarán el derecho de impugnar multas mediante recursos administrativos o juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sistema digital de vigilancia
Otro de los cambios relevantes es la creación de un sistema informático nacional administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
La plataforma permitirá registrar infracciones electrónicamente, detectar reincidencias, emitir boletas digitales y mantener historial de antecedentes de conductores en carreteras federales.
El gobierno federal estableció un plazo de 180 días para emitir nuevos formatos oficiales de infracción, así como lineamientos administrativos y operativos relacionados con la reforma.
Mientras autoridades sostienen que las modificaciones buscan fortalecer la seguridad vial y mejorar el control carretero, sectores ciudadanos y especialistas advierten que el nuevo esquema también incrementa significativamente el poder operativo de fuerzas federales sobre automovilistas en las carreteras del país.
